La disolución de esas organizaciones fue aprobada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
La cartera del Interior explicó que cerró de forma unilateral unas 13 ONG por incumplimientos a las leyes que los regulan y las otras dos, entre ellas Plan International, Inc, porque solicitaron su disolución voluntaria.
El otro organismo que solicitó su disolución voluntaria fue la Fundación Ficohsa para la Educación Infantil Nicaragua, "por disminución de los recursos para continuar desarrollando sus objetivos y finalidad", según el Ministerio del Interior.
Entre las 15 ONG canceladas se encuentra también la Asociación Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible, la Asociación de las Américas para la Atención de los Niños, y la Asociación Nicaragüense de Endodoncia.
Con el cierre de estas 15 ONG suman más de 3.600 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en el país centroamericano, y en la mayoría de los casos han ordenado traspasar los bienes de esos organismos al Estado.
El Ministerio del Interior aprobó la cancelación de esas ONG casi tres meses después de que la Asamblea Nacional (Parlamento), a petición del Ejecutivo, reformara tres leyes que cambian el funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro, que tendrán ahora que formar "alianzas" con instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos.
El pasado 2 de septiembre, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que Estados Unidos intentó "acabar" con su Gobierno durante las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018, y que, en ese presunto complot, preparó, entrenó, organizó y utilizó a las ONG.
Ortega, que no ofreció pruebas, indicó que EE.UU., con el apoyo de las ONG, utilizó "la tecnología que ya se desarrollaba en aquellos años para lanzarse en contra del pueblo" nicaragüense.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de "golpistas" y de "traición a la patria".