Con 86 votos a favor, de 118 legisladores presentes, el pleno de la Asamblea condenó la resolución del sumario administrativo emitido por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, contra Abad, a la que sancionó con la suspensión de sus funciones sin remuneración por 150 días.
La sanción se dio dentro del enfrentamiento que mantienen Noboa y Abad, quien ha denunciado al mandatario por presunto acoso y violencia política de género para forzarla a dimitir y así evitar tener que delegar en ella las funciones presidenciales cuando el gobernante deba pedir licencia durante la campaña electoral de 2025 en la que buscará su reelección.
El distanciamiento entre Noboa y Abad comenzó desde antes que asumieran el poder en noviembre del año pasado y sólo se les vio juntos en la jura de los cargos, aunque inmediatamente el gobernante dispuso que ella fuera a Israel como embajadora del país con el objetivo de mediar en el conflicto entre palestinos e israelíes.
El Parlamento también solicitó la acción de interpretación a la Corte Constitucional sobre la sanción y la actuación del Ministerio de Trabajo, por lo que también convocó a Núñez para que explique ante el pleno del Legislativo sobre el procedimiento aplicado.
La decisión del pleno de la Asamblea se produjo después de que la vicepresidenta Abad, a través de un videoconferencia desde Ankara, donde reside actualmente, compareciera ante el pleno en comisión general.
El Ministerio del Trabajo sancionó a Abad por no haberse presentado en Ankara dentro del plazo establecido por el Gobierno, en un traslado momentáneo desde Tel Aviv, debido a la escalada de la tensión en Oriente Medio.
En la comparecencia, Abad rechazó la sanción y dijo que esta forma parte de una serie de acciones impulsadas por el propio Noboa para impedirle asumir las funciones presidenciales durante la campaña electoral de las elecciones de 2025, convocadas para febrero.
Durante el debate parlamentario, la legisladora Lucía Pozo rechazó la sanción a la vicepresidenta y dijo que el Parlamento no debe ser "cómplice" de un acto de barbarie y de la "ruptura del orden constitucional".
Mientras, la parlamentaria Sofía Sánchez reiteró que no se trata de la defensa de Verónica Abad, sino de la institucionalidad del país, y aseguró que "ningún abogado constitucionalista les va a dar la razón: La ministra de Trabajo ha violentado toda normativa", afirmó.