"Incluso a mí, como ministra de Estado, en las redes sociales combinan a que los ciudadanos me peguen cuando me vean, me quemen en la calle... Esos son los niveles de riesgo que nosotros hemos asumido desde el primer día de la conducción del Estado ecuatoriano bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa", dijo Núñez a EFE en Cuenca (Ecuador), durante su participación en eventos paralelos a la XXIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
El pasado 9 de noviembre, el Ministerio de Trabajo sancionó con 150 días de suspensión, sin remuneración, a Abad, por "abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales", al considerar que no llegó desde Israel a Turquía en la fecha establecida por el Gobierno, en momentos en que se producía una escalada de tensión en Oriente Medio.
La decisión recibió críticas de abogados, políticos y de hasta de varios de los candidatos presidenciales, quienes denominaron la sanción como violencia política y una "demostración" de que el Gobierno tiene un "profundo desprecio por la institucionalidad y democracia", según escribió el candidato Henry Cucalón en la red social X.
La sanción impedirá a Abad asumir las funciones presidenciales en el momento que Noboa deba pedir licencia para la campaña electoral de los comicios de 2025, convocados para febrero de 2025, en la que el gobernante buscará su reelección.
Sin embargo, la ministra dijo que su cartera de Estado lo único que está haciendo es "cumplir con una sentencia constitucional", ya que la Justicia determinó que ellos sí tenían competencia para abrirle un sumario administrativo por abandono injustificado de su lugar de trabajo por los cinco días que no estuvo en Turquía.
Además, Núñez aclaró que la suspensión de Abad es por su función como vicepresidenta, pero también como embajadora, ya que este último era un cargo que se le había asignado y sumado al que ya tenía por mandato popular.
Y señaló que tras los 150 días ella deberá volver a la Vicepresidencia, que ahora está encargada a la secretaría nacional de Planificación, Sariha Moya, y a las nuevas funciones que le asigne el presidente Daniel Noboa, quien acusó el martes al hijo de Abad de tener presuntamente 7,2 millones de dólares (unos 6,7 millones de euros) en paraísos fiscales.
El hijo de Abad ya enfrenta un proceso judicial por presuntamente pedir un pago mensual a un trabajador de la oficina de la Vicepresidencia a cambio de influir en su contratación.
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador también se sumó a las críticas que ha recibido la suspensión a la vicepresidenta y con 86 votos condenó las acciones de la ministra Núñez por "de manera inconstitucional e ilegal" establecer "un procedimiento especial para sancionar" mediante sumario administrativo a la servidores públicos excluidos de la carrera del servicio público como Verónica Abad.
Además, desconoció la sanción impuesta a Abad por el Ministerio del Trabajo y convocó a Núñez a comparecer en el pleno para que informe sobre "las razones de su decisión".
Dentro del enfrentamiento que mantienen Noboa y Abad, la vicepresidenta ha denunciado al mandatario por presunto acoso y violencia política de género para forzarla a dimitir y así evitar tener que delegar en ella las funciones presidenciales.
El distanciamiento entre Noboa y Abad comenzó desde antes que asumieran el poder en noviembre del año pasado y solo se les vio juntos en la jura de los cargos, aunque inmediatamente el gobernante dispuso que ella fuera a Israel como embajadora del país con el objetivo de mediar en el conflicto entre palestinos e israelíes.