La decisión de hoy, alcanzada por "unanimidad", revierte un fallo previo del Tribunal Supremo del estado australiano de Victoria que determinaba que la Diócesis Católica Romana de la ciudad de Ballarat (en dicho estado) era "responsable subsidiaria de las agresiones sexuales cometidas por uno de sus sacerdotes", según un comunicado judicial.
Para alcanzar esta decisión, el Tribunal Superior de Australia sopesó si la relación entre el sacerdote implicado en los abusos y la Diócesis, "en ausencia de una relación laboral", podría resultar en "una declaración de responsabilidad indirecta" de la Iglesia católica por los abusos sexuales por parte de este religioso.
"La mayoría del Tribunal Superior sostuvo que los principios de responsabilidad indirecta se limitan a las relaciones laborales", así como consideró que la ley vigente en Victoria referida a los abusos sexuales a menores dentro de las instituciones no "proporcionaba una base para imponer responsabilidad vicaria", agregó el comunicado.
En 2021, un hombre, identificado en los documentos judiciales como DP, alegó ante la Justicia australiana que un sacerdote abusó sexualmente de él cuando tenía cinco años en incidentes ocurridos en la vivienda de sus padres en la localidad de Port Fairly, unos 300 kilómetros al suroeste de Melbourne, en 1971.
Por su lado, el sacerdote, identificado por la cadena pública australiana como Bryan Coffey, falleció en 2013, casi cuatro años después de que fuera condenado por un tribunal de Ballarat, unos 100 kilómetros al noroeste de Melbourne, a tres años de prisión suspendida por el abuso sexual a otros menores, en un caso diferente, agregó la ABC.
Según una investigación oficial sobre la pederastia en Australia, alrededor de 1.900 sacerdotes, curas y otros de sus miembros, entre ellos 93 altos cargos, fueron vinculados a unas 4.500 denuncias de abusos sexuales contra menores perpetrados entre 1980 y 2015.
La Comisión Real, creada en 2012 para investigar la respuesta de las instituciones públicas, religiosas, sociales, comunitarias y deportivas australianas a los casos de pederastia, señaló en un informe final, presentado a finales de 2017, que estos casos constituyeron una "tragedia nacional" y ordenó indemnizaciones.