En su informe publicado este miércoles, la ONG advierte que estos vínculos habrían permitido a Irán asesinar a críticos y opositores a su gobierno dentro y fuera de sus fronteras, obtener materiales para avanzar en su programa nuclear o eludir las sanciones internacionales impuestas por países como Estados Unidos.
El Gobierno iraní habría colaborado, por ejemplo, con empresas dedicadas a actividades ilícitas con ánimo de lucro como el tráfico de estupefacientes (especialmente a través de Turquía y el Cáucaso Sur), el contrabando de armas o la trata de seres humanos.
Además, fuera de la región, los carteles de la droga también habrían trabajado con las autoridades iraníes mediante asesinatos, secuestros y complots terroristas en países europeos como Albania, Chipre, Dinamarca, Países Bajos, Rumanía o Reino Unido.
El informe también incluye estudios de casos sobre cómo el régimen colabora con milicias en Irak, Siria, Palestina o Líbano, en este último con el grupo chií Hizbolá, el cual, denuncia, ha desempeñado un papel importante en el contrabando de petróleo y armas, así como en el blanqueo de dinero "en beneficio de las autoridades iraníes".
Según la investigación, los ingresos generados por estas actividades criminales contribuyen a financiar a los representantes de Irán y a enriquecer a los actores estatales, en particular al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
A cambio, Irán habría proporcionado a ésta y otras milicias en todo Oriente Medio amplio entrenamiento, fondos, armas, equipamiento y apoyo logístico.
La ONG responsable del estudio recomienda combatir estas redes criminales mediante la denuncia e investigación de sus actividades, así como con sanciones, controles a la exportación, medidas contra el blanqueo de capitales e incluso, en algunos casos, el recurso a las operaciones militares.