La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3 y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) argentinos solicitaron la indagatoria de cuatro sacerdotes imputados en la causa, tres de los cuales ocuparon el cargo de vicarios regionales y otro el de secretario Regional a cargo de la Sección Mujeres dentro de la organización católica Opus Dei.
Las víctimas serían al menos 44 mujeres que fueron reclutadas, en su mayoría, cuando eran niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, para realizar, de por vida, tareas domésticas en los centros del Opus Dei, tanto en el país como en el extranjero.
La causa se inició cuando el 12 de septiembre de 2022 una persona denunció ante la Protex un posible caso de trata y/o explotación de personas dentro de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, entre 1974 y 2015, de varias niñas y adolescentes que fueron reclutadas y luego ingresadas a diferentes centros y residencias relacionadas con la organización.
Según la investigación, el proceso comenzaba con la selección de niñas y adolescentes de bajos recursos, usualmente provenientes de zonas rurales alejadas de los centros de actividades de la organización, quienes eran dirigidas allí bajo la promesa de recibir formación y mejorar sus perspectivas laborales.
Una vez ingresadas como “alumnas”, se las sometía a un régimen de “formación espiritual, profesional y laboral”.
Si esas alumnas mostraban vocación para ser “numerarias auxiliares”, una categoría compuesta exclusivamente por mujeres, eran destinadas de por vida a realizar tareas domésticas en los centros del Opus Dei, tanto en el país como en el extranjero, especialmente para personas adineradas y principalmente hombres.
En los centros del Opus Dei, la investigación determinó que las mujeres debían realizar extensas jornadas laborales sin ningún tipo de retribución, sin poder salir del lugar y sin acceso libre a los medios de comunicación y eran sometidas a distintos tipos de violencia o recibían una remuneración que debían devolver a aquellos a cargo de los lugares donde residían.
Según consta en el expediente, las víctimas no contaban con la posibilidad de un descanso efectivo ni del respeto a cualquier otro derecho, eran vigiladas de manera contante, sin posibilidad de establecer vínculos afectivos, y eran medicadas para apaciguar cualquier afectación a su salud mental derivada de la situación de sometimiento en la que se hallaban.
Un aspecto central de los hechos investigados es la rotación de las mujeres entre diferentes centros del Opus Dei a lo largo del tiempo, ubicados en diversos lugares de la ciudad o la provincia de Buenos Aires, del interior del país e incluso del exterior.