Así lo refleja este organismo asesor del Ejecutivo comunitario en su informe sobre el ejercicio 2023, en el que advierte de que las decisiones adoptadas el pasado junio por Bruselas para iniciar expedientes correctivos a siete Estados miembros "generan problemas de incoherencia" entre países.
La Junta se refiere en particular al caso de España, a quien la Comisión Europea salvó del expediente pese a que en 2023 el déficit público se situó en el 3,6 % del PIB, "muy por encima" del umbral de referencia, basándose en que, según sus proyecciones macroeconómicas, el desvío se reducirá al 3 % en 2024 sin necesidad de que el país adopte medidas adicionales.
El informe recuerda que España no cumplía la doble condición de que el aumento del déficit fuese pequeño y temporal, que habría permitido que Bruselas tuviese en cuenta otros "factores relevantes" para evitar abrirle expediente, tales como la evolución de su deuda pública o la inversión en defensa.
En el pasado, cuando se han dado este tipo de casos, la Comisión ha propuesto la apertura de un expediente por déficit excesivo, pero "en esta ocasión, sin embargo, la Comisión se ha desviado de esta práctica establecida, que está sustentada por el derecho de la Unión Europea".
"Esta vez ha sido diferente. La decisión en contra de abrir un procedimiento por déficit excesivo fue motivada por la Comisión con sus previsiones de que el déficit bajará exactamente al 3 % del PIB en 2024 sin necesidad de que el gobierno tome ninguna medida adicional. Por lo tanto, la Comisión dijo que abrir un expediente 'no serviría, en este momento, a un propósito útil'", dice el informe.
"Este caso añade un nuevo elemento de discrecionalidad no previsto en las disposiciones legales", concluye la Junta Fiscal Europea.
El presidente de este organismo, Niels Thygesen, incidió en la presentación del informe en que la apertura de los expedientes debe basarse en datos observados y no en proyecciones, y en el caso de España el déficit del 3,6 % en 2023 estaba "bien documentado", por lo que la Comisión Europea habría actuado "correctamente" al iniciar un expediente.
La decisión de librar a España de este procedimiento "no está estrictamente de acuerdo a las reglas tal y como existen", dijo Thygesen.
El organismo menciona además el caso de Rumanía, país ya expedientado al que Bruselas decidió no congelar fondos pese a que el Gobierno no había tomado medidas efectivas para corregir su desvío presupuestario.
Y en general, critica que la Comisión Europea ha empezado a utilizar el criterio de "incertidumbre" como razón para excluir, de antemano, la apertura de expedientes por déficit excesivo, por ejemplo en el caso de Eslovenia y Finlandia, que también se libraron en junio de ser expedientadas.
"Esto contrasta con la práctica anterior a 2020 y añade una capa de discrecionalidad imprevista", indica la Junta Fiscal, que advierte de que hará falta una "rigurosa implementación" de las nuevas reglas de disciplina fiscal, en vigor desde este año, para que estas tengan un impacto positivo en la salud de las finanzas públicas.