Zammel fue arrestado horas antes de que la instancia electoral (ISIE) formalizara su candidatura junto a la del secretario general del Movimiento Echaab (Pueblo), Zouhir Maghzaoui, y el actual presidente, Kais Said, tras un polémico proceso de registro por la detención y procesamientos de varios aspirantes opositores.
El empresario, hasta ahora desconocido, continúa en prisión, pero podrá concurrir a las elecciones pese a haber sido sentenciado hoy y en las semanas previas a seis meses y a otros 20 meses de cárcel en dos casos separados, acusado de irregularidades en la recolección de "patrocinios", necesarios para el registro de candidaturas.
Zammel se enfrenta a más procesos similares y su equipo de campaña ha denunciado una operación "orquestada" por el régimen para excluirle de la presidencia.
Said, elegido democráticamente en 2019, se arrogó plenos poderes en 2021 para "preservar la paz social" y desde entonces la oposición ha denunciado un retroceso de la transición democrática que Túnez, cuna de la Primavera Árabe, inició con el derrocamiento del dictador Zine el Abidine Ben Ali en 2011.
Destacadas figuras opositoras se encuentran en prisión provisional desde hace más de un año -pese al límite legal de 14 meses- y ONG de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) alertan del recrudecimiento de la represión mediante cargos infundados e instrumentalización de la Justicia.
Sociedad civil y partidos políticos consideran que las actuales elecciones se celebran en un clima de miedo y represión y con las instituciones controladas por el actual presidente.
El pasado viernes, el Parlamento modificó la ley electoral para retirar las competencias electorales al Tribunal Administrativo, considerada la última instancia independiente de la Judicatura.
Ayer lunes, noventa profesores de derecho y ciencias políticas afirmaron en una declaración conjunta que la enmienda aprobada a pocos días de las elecciones es una "clara violación de los principios en los que se basa el Estado de derecho".