“El Gobierno iraquí ha fracasado en asegurar justicia, verdad y reparación para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y milicias aliadas”, afirmó la subdirectora de AI para Oriente Medio, Aya Majzoub, en un comunicado.
El informe, titulado "Les hacemos responsables de la sangre de nuestros jóvenes", documenta una serie de promesas incumplidas por parte de los sucesivos gobiernos iraquíes, que han fallado en procesar a los responsables de la represión, que dejó cientos de muertos y desaparecidos, así como miles de heridos.
Asimismo, Majzoub señaló que el quinto aniversario de las propuestas nacionales de Tishreen "es un duro recordatorio de la falta de voluntad de las autoridades políticas para garantizar justicia", e instó al Gobierno iraquí a "tomar todas las medidas necesarias para garantizar investigaciones independientes y justas".
Hasta la fecha, de las 2.700 investigaciones abiertas, solo se han emitido diez órdenes de arresto y se han dictado siete condenas -según el análisis de AI en los tribunales iraquíes-, lo que refleja una grave falta de voluntad política para castigar a los responsables, según Majzoub.
“Los miembros de la comunidad internacional también deben realizar investigaciones penales sobre los crímenes cometidos por las autoridades iraquíes en virtud del principio de jurisdicción universal”, señaló.
Por otro lado, la organización también denunció secuestros y asesinatos selectivos contra líderes de las protestas o personas que buscaban justicia por los "abusos perpetrados".
El ejecutivo iraquí, bajo la administración de Mohamed Shia al Sudani, estableció comités para investigar los crímenes, pero sus resultados no se han hecho públicos.
En 2019, Irak fue escenario de una de las mayores manifestaciones de su historia, donde miles de ciudadanos salieron a las calles para exigir mejoras en servicios básicos y a represión de las fuerzas de seguridad dejó más de 600 víctimas mortales.