Brasil pidió a la Unión Europea que posponga la implementación de una controvertida ley que sanciona la importación de productos que provocan deforestación, cuya entrada en vigor está prevista para fin de este año.
Un aplazamiento en la implementación requeriría una nueva iniciativa legislativa de la Comisión Europea, cuyo nuevo equipo deberá ser presentado en la próxima semana.
El pedido del Gobierno de Lula da Silva fue formulado en una carta entregada en manos ayer por el ministro brasileño de Agricultura, Carlos Fávaro, al comisario europeo de Agricultura, Januz Wojciechowski, durante una reunión en Brasil.
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“El inicio previsto de implementación de la ley contra deforestación conocida por sus siglas EUDR por parte de la UE a fines de 2024 representa motivo de seria preocupación para diversos sectores exportadores brasileños y para el gobierno”, expresa la carta. Por ello, “solicitamos que la Unión Europea no implemente la EUDR a partir de fin de 2024 y reevalúe con urgencia su abordaje sobre el tema”, señala el documento.
En la carta, las autoridades brasileñas señalan a la EUDR como “un instrumento unilateral y punitivo que ignora las leyes nacionales sobre combate a la deforestación”.
Además, la ley “contiene aspectos extraterritoriales que contrarían el principio de la soberanía”, indicó.
La carta lleva la firma del ministro Fávaro y el titular de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira.
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Reglamento 1115
Promulgada en 2023, la EUDR vetará la comercialización en la UE de determinados productos (cacao, café, soja, aceite de palma, madera, carne bovina, caucho, cuero, muebles, papel) si proceden de tierras deforestadas después de diciembre de 2020.
Las empresas importadoras, responsables de su cadena de suministro, deberán demostrar la trazabilidad mediante datos de geolocalización proporcionados por los agricultores, combinados con fotografías de satélite.
En junio, Estados Unidos pidió a la UE postergar la implementación de la ley, que suscita también preocupaciones por parte de países africanos y asiáticos.
Ya en septiembre de 2023, un grupo de 17 países (11 latinoamericanos, tres asiáticos y tres africanos) advirtió a la UE sobre los efectos de la normativa.
Por su parte, la Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la Comisión) asegura que está “trabajando intensamente en la implementación” de la ley.