Una reforma al código penal, aprobada por unanimidad, impone penas de hasta 30 años de prisión para quienes promuevan sanciones contra el gobierno de Managua, lo que queda abierto a la interpretación de los tribunales, señalados -igual que el Congreso- de estar controlados por el régimen de Daniel Ortega, informó AFP.
Según el reporte de EFE, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua reformó este martes el Código Penal con el cual se allana el camino para enjuiciar a las personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o extranjeras, que cometan fuera del territorio nacional delitos contra la administración pública, el Estado o sus instituciones, ciberdelitos, entre otros.
La reforma penal, propuesta por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, fue aprobada por 88 de los 91 diputados que integran el Parlamento.
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Esa iniciativa reformó 27 de los 568 artículos del Código Penal, entre ellos uno que establece que las leyes penales de Nicaragua serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido fuera del territorio nacional algunos de los siguientes delitos: lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, y crimen organizado.
Además, delitos contra la administración pública; contra el Estado o sus instituciones; ciberdelitos; cualquier otro que pueda ser perseguido en Nicaragua, conforme los instrumentos internacionales ratificados por el país, entre otros.
Las penas por esos delitos, según la reforma, van desde las privativas de libertad, decomiso de bienes o activos y multa. En los casos de encarcelamiento, en casos de delitos graves, las penas serán hasta de prisión perpetua revisable.
Alerta de la ONU
La ONU advirtió el martes del “grave” deterioro de los derechos humanos en Nicaragua desde el año pasado, con un aumento de detenciones arbitrarias, malos tratos y persecución a todos los “percibidos como disidentes” por el gobierno de Daniel Ortega.
“Las autoridades continúan persiguiendo no sólo a quienes expresan opiniones disidentes, sino también a cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o que no esté directamente bajo su control”, señala en un informe publicado por la Oficina de Derechos Humanos del organismo.
“Esto incluye personas defensoras de derechos humanos, medios de comunicación independientes, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra entidad que abogue por cambios sociales o políticos sin supervisión gubernamental”, agrega.
El informe, basado en 120 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil, abarca un período de un año desde junio del año pasado. Entre otros hechos, el texto señala que en mayo de este año “131 personas consideradas como opositoras se encontraban bajo detención arbitraria”, una cifra muy superior a la de junio de 2023.