El presidente del tribunal, el magistrado Gerson Chaverra, denunció a los medios que la policía encontró el martes “una maqueta del Palacio de Justicia” junto con “municiones” y “explosivos” en un allanamiento.
La Presidencia informó en un comunicado que reforzará la seguridad del edificio con “sistemas avanzados de vigilancia”, “la disposición de equipos antiexplosivos, la utilización de drones para monitoreo continuo y la intervención de unidades especializadas”. La intención es “evitar que se vaya a perpetrar un atentado terrorista”, aseguró Chaverra.
Las casas donde la policía realizó los allanamientos el martes están a unos 13 km de la sede del tribunal. Chaverra aseguró a la AFP que los altos mandos policiales “han sido muy enfáticos en no subestimar” la amenaza.
Cerco policial
Reporteros observaron policías alrededor del Palacio de Justicia, ubicado en el corazón de Bogotá cerca de la casa presidencial y del Congreso.
Medios locales publicaron fotografías de las redadas, en las que se ven balas de alto calibre, proveedores de recarga, paquetes de pólvora y una maqueta de cartón que coincide con el diseño del Palacio de Justicia.
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Una fuente anónima de la policía dijo al diario El Tiempo que estaban realizando una operación contra el tráfico de armas cuando encontraron la maqueta. Tras una reunión entre el presidente, Gustavo Petro, con altos mandos militares y funcionarios del Ministerio de Defensa, el gobierno decidió reforzar también la seguridad en otras sedes judiciales del país.
Ni Chaverra ni la Presidencia especificaron quién estaría detrás del presunto plan.
El febrero, cientos de manifestantes a favor de Petro rodearon el Palacio de Justicia durante una manifestación. En ese momento los magistrados denunciaron un “bloqueo violento e ilegal”.
La edificación fue parcialmente destruida en 1985 después de que un comando de guerrilleros del M-19 se tomara sus instalaciones.
En su intento de retomar el control del sitio, el ejército disparó con tanques de guerra durante varias horas. El asalto dejó más de 100 personas muertas, entre ellos 11 magistrados.
Una decena de personas desaparecieron tras la intervención de las Fuerzas Militares y algunos de ellos no han sido ubicados hasta la fecha.