Según la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, estas ejecuciones fueron el resultado de procesos en los que se violaron las garantías de un juicio justo y se mantuvo desinformadas a las familias y a los abogados de las víctimas.
Los ejecutados fueron condenados principalmente por delitos relacionados con el tráfico de drogas, precisó la portavoz del organismo, Liz Throssell, en rueda de prensa.
"La imposición de la pena de muerte por delitos que no impliquen un homicidio intencional es incompatible con las normas y los estándares internacionales de derechos humanos", afirmó.
El organismo reiteró su llamamiento al Gobierno iraní para que establezca una moratoria de ejecuciones, en concordancia con el creciente consenso mundial en favor de la abolición universal de la pena de muerte.
Según los datos del organismo de la ONU, al menos 87 personas han sido ejecutadas desde las elecciones presidenciales del pasado 7 de julio en Irán, en las que venció el moderado Masud Pezeshkian.
Throssell comentó que el 20 % de los ejecutados pertenecían a minorías, especialmente la kurda y los árabes ahwazi y los baluch.