La decisión de la provincia es cobrar el servicio sanitario a los extranjeros que no sean residentes permanentes o temporarios, con excepción de las urgencias.
La provincia norteña de Salta fue la pionera en Argentina en comenzar a cobrar la atención sanitaria a los extranjeros a partir de marzo pasado, ya que por la ubicación geográfica -es limítrofe con Bolivia, Paraguay y Chile- recibía de manera constante la visita de extranjeros para atenderse de forma gratuita y era destino de ‘tours sanitarios’, informó EFE.
La provincia patagónica de Santa Cruz comenzó en abril pasado a cobrar la atención médica a los turistas extranjeros que concurran a hospitales públicos y tampoco se aplica en caso de emergencias.
En Mendoza, los extranjeros son un 2% de los pacientes que se atienden en el hospital público, según declaró el gobernador, Alfredo Cornejo, a los medios apostados al fin de un acto público este lunes, pero la provincia dejó “bien firme jurídicamente”, a través de un decreto reglamentario, que deberán pagar por la atención.
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La directora del ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud (Reforsal) mendocino, Daniela Correa, dijo a la radio Mitre que “un 10% de los extranjeros se hacen cirugías en Mendoza” y “el mayor porcentaje son partos y cirugías de mayor complejidad”.
Según detalló Correa, el cobro al extranjero se hará en efectivo y se emitirá una factura para que la persona pueda gestionar la devolución en su país de origen.
El pago se depositará en la cuenta del Reforsal, que Mendoza está reorganizando para mejorar la recaudación en el sistema público de salud -a los extranjeros y a quienes tienen un sistema de salud privado o sindical-, que derive en mejores honorarios para los profesionales y evitar la escasez en algunas especialidades.
Las finanzas provinciales y nacionales son foco de ajuste bajo la Presidencia del ultraliberal Javier Milei, porque este está determinado a alcanzar el equilibrio fiscal este año y presiona a las provincias a recortar sus gastos al reducir las transferencias discrecionales, la obra pública, los subsidios al transporte público y el fondo de incentivo docente.