Lawlor hizo este llamamiento en referencia a los casos de cinco defensores de derechos humanos que fueron detenidos en los Territorios Palestinos entre octubre de 2023 y marzo de 2024 en su domicilio o cuando regresaban del extranjero.
"Fueron detenidos sin orden judicial, no se les dio ninguna razón de por qué estaban detenidos, fueron interrogados sin la presencia de un abogado y no se les permitió ponerse en contacto con sus familias", denunció la relatora en un comunicado.
Según la experta, estas detenciones sin cargos y basadas en pruebas secretas que no pueden impugnarse, así como los retrasos o la falta de contacto con abogados y familiares, apuntan a la privación del derecho a un juicio justo.
Denunció igualmente que en cuatro de los casos los detenidos fueron "abofeteados, golpeados, humillados y enviados de una prisión a otra en el espacio de uno o dos días".
También advirtió que las mujeres habían estado recluidas en "condiciones deplorables", en celdas sucias, con comida insuficiente y de mala calidad.
En este sentido, recordó a las autoridades israelíes su obligación de garantizar que los detenidos reciban un trato acorde con los convenios y las declaraciones internacionales suscritas por su gobierno, que prohíben absolutamente cualquier forma de malos tratos.
Además, la experta denunció que dos de estos activistas todavía continúan en prisión: Omar al Jatib, detenido por hacer campaña contra el desalojo forzoso de familias palestinas del barrio de Sheij Jarrah en Jerusalén, y Diala Ayesh, abogada que documenta las condiciones de los palestinos detenidos en Israel.
“Pido a las autoridades israelíes que respeten las condiciones de un juicio justo o pongan inmediatamente en libertad a estos dos defensores de derechos humanos así como a las decenas de otros defensores detenidos por sus actividades pacíficas”, afirmó.