En su último informe del 30 de junio al 6 de julio, la OIM registró la muerte de al menos tres personas a bordo de estas embarcaciones precarias mientras los rescatados fueron desembarcados en los puertos de la capital y de Azawaya (noroeste).
En lo que va de año 9.578 personas -321 de ellas menores- fueron interceptadas, 399 murieron y 487 se encuentran desaparecidas en la ruta migratoria del Mediterráneo Central, la más mortífera de las conocidas.
Según este organismo dependiente de Naciones Unidas, el país magrebí, con una población de siete millones de habitantes, acoge a cerca de 720.000 personas provenientes de 44 países, en su mayoría del continente africano.
El pasado mes de febrero el Tribunal Supremo italiano condenó al capitán de un barco que rescató a un centenar de personas en el Mediterráneo en 2018 y luego los entregó a una patrullera libia, lo que constituye un delito, según la sentencia, al considerar que este país “no es un puerto seguro”.
Esta decisión cuestiona la política migratoria de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y abre la vía a los recursos de las ONG de rescate, bloqueadas y multadas por su Gobierno por negarse a entregar a los migrantes a la Guardia Costera libia, un cuerpo formado y financiado por la Unión Europea (UE) pese a estar bajo sospecha por sus vínculos con las mafias de trata de personas.
Médicos Sin Fronteras (MSF) ha pedido en numerosas ocasiones facilitar las evacuaciones de la población migrante en Libia, estimada en unas 600.000 personas, y ha instado a la Unión Europea y Naciones Unidas a revisar urgentemente y, si es necesario suspender, los actuales acuerdos de cooperación.
Un año antes, el Gobierno de Trípoli pidió a la comunidad internacional mayor apoyo para luchar contra la migración irregular después de firmar un acuerdo con Túnez para evacuar a centenares de migrantes subsaharianos expulsados por el país vecino hacia sus fronteras desérticas sin acceso a agua, comida ni asistencia.