La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano judicial de la ONU, tiene programada una audiencia pública para las 15:00 hora neerlandesa (09:00 hora paraguaya) en el Palacio de la Paz de La Haya, durante la cual el presidente de la CIJ, Nawaf Salam, leerá la decisión alcanzada tras escuchar la semana pasada los argumentos de Sudáfrica e Israel sobre la necesidad de medidas cautelares adicionales.
Pretoría pidió a la CIJ indicar nuevas medidas contra Israel, que incluyan una orden de “retirar y cesar inmediatamente su ofensiva militar” en Rafah; y la adopción de “medidas efectivas para asegurar y facilitar el acceso sin impedimentos a Gaza” de ayuda humanitaria y asistencia a la población de Gaza, así como de “misiones de investigación” y periodistas al terreno.
“Sudáfrica mantiene firmemente la opinión de que la condición necesaria para la implementación efectiva de las medidas cautelares de la Corte es un alto el fuego permanente en Gaza”, agregó.
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Los orígenes de este caso se remontan al 29 de diciembre pasado: Sudáfrica inició un procedimiento contra Israel por presuntamente violar la Convención sobre el Genocidio con su guerra en Gaza.
La CIJ concluyó el 26 de enero que era “plausible” el riesgo de genocidio y pidió a Israel pasos “inmediatos y efectivos” que impidan ese crimen, incluido castigar cualquier incitación al exterminio de los palestinos, aunque no exigió un “alto el fuego”.
Impunidad institucionalizada
Desde entonces, Sudáfrica denunció que Israel no está respetando las medidas cautelares -que se emite a la espera del juicio- y volvió a pedir medidas cautelares en tres ocasiones: en febrero, en marzo y en mayo, esta última es la solicitud sobre la que se pronunciará hoy la CIJ.
En las audiencias de la semana pasada, Sudáfrica denunció que la “impunidad institucionalizada” de Israel está permitiendo la “aniquilación” de los palestinos de Gaza, con la ofensiva en Rafah como “fase final” de esa “destrucción”, y pidió exigirle “de forma claramente explícita” el cese de sus actividades militares.
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Además, lamentó que Israel “cree erróneamente, dada la falta de contramedidas por parte de la comunidad internacional, que está exenta de respetar el derecho internacional”. El abogado británico Vaughan Lowe, del equipo legal de Sudáfrica, alertó de que “el objetivo declarado de Israel de borrar Gaza del mapa está a punto de realizarse”.
En su turno de la palabra, Israel defendió que su guerra en Gaza es “trágica” y tiene “un precio humano terrible”, pero negó que fuera un “genocidio”, y pidió al tribunal no involucrarse en “la microgestión de aspectos operacionales de un conflicto armado” en este caso. Además, criticó a Sudáfrica por atreverse a acusar de genocidio al Estado judío y la acusó de “aliarse” con Hamás.
La sesión reservada a Israel concluyó con los gritos de una mujer desde el palco del público, acusando a la delegación israelí de no decir la verdad. “Mentirosos, mentirosos”, voceó.
Órdenes de arresto
Tres días después de esas audiencias, otro tribunal internacional, la CPI, situada a 3 kilómetros del Palacio de la Paz (sede del tribunal de la ONU), anunció una de las noticias más temidas por Israel. El fiscal de la CPI solicitó autorización para emitir órdenes de detención contra Nentayahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza desde al menos el 8 de octubre.
En el caso del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), Khan también solicitó el arresto del líder de grupo, Yahya Sinwar; su buró político Ismail Haniyeh; y Mohammed Diab Ibrahim al Masri (Deif), jefe del ala militar de Hamas (Brigadas Al Qassam). Los acusa de los mismos crímenes, pero ambos en Israel y el Estado de Palestina, y desde el 7 de octubre.
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A diferencia de la CIJ, que resuelve disputas entre Estados, la CPI no es un tribunal de la ONU y tiene 124 Estados miembros, entre los que no está Israel, pero si Palestina, lo que da a Karim Khan jurisdicción sobre los crímenes cometidos en territorio palestino o por nacionales palestinos en otro Estado, aunque este no sea miembro.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI tiene ahora sobre la mesa cinco órdenes de arresto, aunque sin una fecha concreta para anunciar su decisión.