Al término de una sesión a la que asistieron los defensores de Abdo Benítez -que es senador vitalicio por haber encabezado el Ejecutivo-, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública emitió un dictamen, apoyado por siete votos, que recomienda "no hacer lugar al desafuero".
De igual forma, fue remitido al plenario del Senado un dictamen votado por seis legisladores que "aconseja hacer lugar al desafuero" solicitado el pasado 14 de marzo por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera.
El Senado discutirá en su sesión ordinaria de este miércoles -con moción de preferencia- la solicitud de la jueza, detalla la agenda oficial.
Según el artículo 191 de la Constitución, la Cámara a la que pertenezca el senador o diputado objeto de una causa ante los tribunales ordinarios "examinará el mérito del sumario y, por mayoría de dos tercios, resolverá" si aprueba o no el desafuero.
Abdo Benítez y ocho de sus funcionarios fueron acusados el pasado 11 de marzo por dos fiscales por los presuntos delitos de revelación de secretos de servicio, declaración falsa y simulación de un hecho punible, entre otros, dentro de lo que se describió como "un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado", entre ellas Cartes y el actual presidente del país, Santiago Peña.
Cartes, quien encabeza el movimiento Honor Colorado dentro del oficialismo -el mismo que respaldó la candidatura presidencial de Peña-, venció a Abdo Benítez en las elecciones primarias partidarias de diciembre de 2022, en las que disputaban la jefatura del Partido Colorado.
El exgobernante presentó en julio del año pasado una denuncia en la que advirtió que enfrentaba desde 2018 -cuando Abdo Benítez llegó al Gobierno- una presunta "persecución" por parte de "personas en el ejercicio del poder político".
A la sesión de la comisión comparecieron los abogados defensores de Abdo Benítez, César Trapani, Enrique Kronawetter y Federico Huttemann, quienes esgrimieron sus argumentos en contra de la acusación.
En diálogo con EFE, Trapani explicó que, ante una petición de desafuero, el Parlamento y las Cámaras que lo componen deben controlar "si el Poder Judicial está siendo utilizado o no para iniciar un proceso penal" y revisar "la seriedad del proceso", aunque aclaró que, en este caso, debió ser solicitado antes de la imputación.
El jurista, que fue asesor jurídico de la Presidencia durante parte de la Administración de Abdo Benítez, se refirió, en ese contexto, a la divulgación en la prensa local de unos presuntos chats vía WhatsApp al parecer sostenidos entre uno de los dos fiscales que lideraron la investigación y el abogado del expresidente Cartes, Pedro Ovelar, en los que supuestamente compartieron archivos y solicitudes de diligencias, entre otros.
Ambos funcionarios fueron removidos tras la filtración de las supuestas conversaciones.
"A la luz de la divulgación que hubo del intercambio de mensajes, la comunicación, los diálogos entre el abogado del denunciante y el fiscal, estamos hablando de un caso en que indudablemente hubo manipulación judicial", argumentó Trapani, quien aseguró que tienen "circunstancias suficientes para desconfiar de la objetividad del Ministerio Público".
Por su parte, Ovelar ha considerado "falsos" los presuntos chats.