Según sentenció el Tribunal Nº 1 de La Plata, está probado que los condenados “cometieron los delitos en el marco de un genocidio”.
Los jueces catalogaron los hechos cometidos en los lugares del Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y la Brigada de Lanús como crímenes de lesa humanidad.
En total, los actos represivos juzgados afectaron directamente a 607 personas.
Entre los hechos juzgados estuvieron los acontecidos en La Plata a mediados de septiembre de 1976, cuando mandos policiales de los llamados ‘grupos de tareas’ de la dictadura secuestraron y torturaron a varios estudiantes que habían participado en una campaña en favor de la reinstauración del boleto de autobús estudiantil.
Según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), las víctimas -mayoritariamente menores de edad- fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por pretender provocar la “subversión en las escuelas”.
‘La Noche de los Lápices’ se convirtió en un episodio simbólico de la sangrienta represión vivida durante la última dictadura militar argentina.
Además de los condenados a cadena perpetua, el tribunal de La Plata dictó una sentencia a 25 años de prisión para otros responsables de hechos criminales durante la dictadura y absolvió a otro de los acusados.
El excomisario de la policía bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz, uno de los principales acusados en el juicio que se inició virtualmente durante la pandemia de la covid-19, y otros seis imputados fallecieron antes de que se conociese la sentencia final.
Más allá de los secuestros de la ‘Noche de los Lápices’, los jueces dictaron sentencia sobre las “maternidades clandestinas” instaladas en el Pozo de Banfield y en el Hospital de Quilmes, donde dieron a luz varias mujeres cuyos bebés fueron posteriormente secuestrados y entregados a agentes uniformados.
Además, los condenados ordenaron al menos un aborto forzoso y llevaron a cabo la persecución de personas del colectivo LGTBI+.
A la lectura de la sentencia acudieron familiares de las víctimas de la ‘Noche de los Lápices’, el exsecretario de Derechos Humanos y nieto recuperado Horacio Pietragalla (2019-2023), autoridades provinciales de Buenos Aires, y Daniel Santucho, el último nieto recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo.
La sentencia se produce pocos días después de los actos del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina, que se conmemora cada 24 de marzo en el país, coincidiendo con el aniversario del golpe de estado con el que los militares derrocaron a los poderes democráticos.
El Gobierno del ultraliberal Javier Milei se mantuvo al margen de las movilizaciones callejeras del pasado domingo en Buenos Aires y otras ciudades del país, pero publicó un video en sus perfiles oficiales en las redes sociales ofreciendo una versión “completa” de los hechos ocurridos en Argentina en las décadas de los setenta y los ochenta.
Algunos miembros del Ejecutivo, como la vicepresidenta Victoria Villarruel, con vínculos familiares con los militares, han sido acusados de “negacionismo” por las principales asociaciones de defensores de los derechos humanos de Argentina.