El objetivo del proyecto HR6831, introducido en diciembre de 2023 por la republicana Maria Elvira Salazar y otros siete congresistas, entre ellos republicanos y demócratas, es reactivar y extender hasta el 31 de diciembre de 2025 la vigencia de la Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia a la Democracia y Desarrollo (VERDAD) para Venezuela.
En un comunicado publicado, tras la aprobación del proyecto en el comité, por la congresista María Elvira Salazar y el senador Marco Rubio, ambos republicanos y de origen cubano, se mencionan las recientes detenciones de colaboradores de la opositora María Corina Machado, ganadora de las primarias de la oposición para las elecciones presidenciales convocadas en Venezuela para el 28 de julio de 2024.
Machado, quien está inhabilitada para ejercer cargos públicos hasta 2036 por una decisión administrativa, ratificada en enero pasado por el Tribunal Supremo de Venezuela, ha seguido adelante con su campaña pese a ese obstáculo legal que ha sido rechazado por la oposición y criticado por varios países y organizaciones internacionales.
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El Gobierno venezolano ha "violado descaradamente los términos del Acuerdo de Barbados", suscritos en 2023 por el Gobierno y la oposición de Venezuela de cara a garantizar unas elecciones libres y justas, "al prohibirle participar en las próximas elecciones a María Corina Machado", subrayaron Salazar y Rubio.
"Reautorizar la Ley Verdad, que expiró en 2019, es de vital importancia para garantizar que el narcorégimen de Maduro rinda cuentas por sus crímenes", agregaron.
La ley Verdad se adoptó para apoyar los esfuerzos para restablecer la democracia en Venezuela mediante sanciones a funcionarios clave del régimen y al mismo tiempo salvaguardando los derechos y libertades de quienes escapan de la persecución en ese país, según reza el comunicado de Salazar y Rubio, los cuales instaron a sus colegas en las dos cámaras a apoyar la iniciativa para reactivarla.
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El gobierno de EEUU, que en 2023 alivió en parte y temporalmente las sanciones a Venezuela aunque ha advertido que puede no renovar esa medida cuando expire en abril si el Gobierno de Maduro no cumple con lo acordado en Barbados, condenó este miércoles las detenciones de opositores venezolanos.
“Los crecientes ataques de Maduro contra la sociedad civil y los actores políticos son totalmente inconsistentes con los compromisos del Acuerdo de Barbados, pero no sofocarán las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Pedimos la liberación inmediata de estas personas y de todos los detenidos injustamente”, señaló en X el encargado del Departamento de Estado de EE.UU. para América Latina, Brian Nichols.
El 6 de marzo pasado el presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, prorrogó por un año más la declaración de “emergencia nacional” respecto a Venezuela dictada en 2015, por considerar que la situación en ese país representa “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense.