Muchas mujeres iraníes han dejado de usar el obligatorio velo islámico como forma de protesta y desobediencia civil desde la muerte en septiembre de 2022 de Mahsa Amini tras ser detenida precisamente por llevar mal puesto el hiyab, lo que provocó fuertes protestas en el país.
Una vez aplastadas las protestas con una represión policial que causó 500 muertos, las autoridades tratan de reimponer el uso de esta prenda que consideran innegociable con la campaña de represión que denuncia AI.
“En un intento siniestro de desgastar la resistencia al uso obligatorio del velo tras la sublevación ‘Mujer Vida Libertad’, las autoridades iraníes están aterrorizando a mujeres y niñas al someterlas continuamente a vigilancia y control policial”, afirmó en un comunicado Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
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“Sus tácticas draconianas abarcan desde dar el alto a conductoras en la carretera y confiscar sus vehículos de forma masiva, a imponerles castigos inhumanos como los azotes o penas de prisión”, añadió Eltahawy.
AI recogió testimonios de 46 personas, entre ellas 41 mujeres -una de ellas transexual-, una niña y cuatro hombres, que detallaron la “campaña de vigilancia generalizada de las mujeres y las niñas en los espacios públicos” del país.
Como resultado de esa vigilancia, desde abril de 2023 se han confiscado cientos de miles de vehículos conducidos por mujeres o con pasajeras femeninas, incluso de nueve años, que no llevaban el hiyab o lo llevaban de forma “inapropiada”, según las investigaciones de AI.
La identificación de vehículos en los que viajan mujeres sin velo se lleva a cabo con cámaras de vigilancia o reportes de agentes de civil, y el proceso de recuperación del vehículo puede llevar entre 15 y 30 días tras el pago de multas.
Las infractoras -o un pariente varón en su nombre- deben además comprometerse por escrito a acatar el uso obligatorio del velo.
Prohibición de acceso a servicios
Las mujeres entrevistadas por AI describieron también la prohibición de acceder a transportes públicos, aeropuertos y servicios bancarios por no cubrirse la cabeza, unas prohibiciones acompañadas en ocasiones por insultos e incluso agresiones físicas por parte de los agentes.
A ello se suma enjuiciamientos por no llevar hiyab o llevar uno inapropiado en vehículos o espacios públicos como centros comerciales, teatros, aeropuertos o estaciones de metro, o en fotografías publicadas en sus cuentas de redes sociales.
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AI documentó los casos de cuatro mujeres con una orden de enjuiciamiento que les exigía asistir hasta a cinco clases de “moralidad” y evitar toda conducta “delictiva” en un periodo de hasta un año para que se archivara la causa penal en su contra.
En un caso extremo, la activista Roya Heshmati recibió 74 latigazos en enero de 2024 por aparecer sin velo en público.
A pesar de la represión, las autoridades iraníes no han logrado reimponer el uso de una prenda que considera un símbolo innegociable de la República Islámica.
En el norte de Teherán es común ver a mujeres que no se cubren el cabello con un velo en las calles, tiendas, restaurantes e incluso bancos, según pudo comprobar EFE.