Fernández perdió sus fueros una vez que dejó el cargo de vicepresidenta el 10 de diciembre de 2023 y no se presentó a las elecciones generales.
El máximo tribunal penal de Argentina rechazó un recurso de queja de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) contra un fallo que había revocado el sobreseimiento de una causa en la que es investigada por su presunta colaboración en lavado de dinero.
La Cámara Federal de Casación Penal no hizo lugar a una queja interpuesta por la defensa de Cristina Fernández en la causa denominada ‘Ruta del dinero K’, por lo que confirmó la revocación del sobreseimiento que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había decidido el 28 de noviembre pasado, según un fallo emitido este lunes.
La causa denominada ‘Ruta del dinero K’, que se inició en abril de 2013, investiga a la también exvicepresidenta (2019-2023) por presuntas maniobras de lavado de dinero por medio del empresario de la obra pública Lázaro Báez, que ya fue condenado y con quien el ya fallecido exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández tuvieron una estrecha relación.
Fernández había sido favorecida con un sobreseimiento el 5 de junio de 2023 originado en un dictamen del fiscal del caso, Guillermo Marijuan, el mismo que la había imputado en 2016.
La organización no gubernamental 'Bases Republicanas' -cercana a Propuesta Republicana, el partido del expresidente Mauricio Macri (2015-2019)- se presentó como querellante en la causa y reclamó la reincorporación de la entonces vicepresidenta.
'Bases Republicanas' logró la reapertura del caso el 28 de noviembre pasado cuando la Cámara Federal revocó el sobreseimiento de Cristina Fernández, y la causa fue devuelta al juez Sebastián Casanello.
Fernández presentó una queja contra la revocación de ese sobreseimiento, que fue rechazada este lunes, por lo cual la causa seguirá en manos de Casanello.
Esta es una de las causas que aún involucran a Fernández Vda de Kirchner, que el 6 de diciembre de 2022 fue sentenciada a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por ser considerada culpable de administración fraudulenta de fondos públicos en la concesión de obras públicas. Esa sentencia aún no es firme, ya que ella apeló. No obstante, los 70 años que cumplió en febrero de 2023 le permitirían solicitar reclusión domiciliaria.