En un comunicado difundido en la red social X por el primer ministro belga, Alexander de Croo, su Gobierno aseguró que “analizará las consecuencias” de la decisión adoptada por la Corte de la ONU, que es jurídicamente vinculante, y reafirmó su “fuerte apoyo” al tribunal.
El Ejecutivo belga recordó "la obligación de cumplir con las órdenes" adoptadas por los tribunales internacionales", que en este caso responde a una demanda presentada en diciembre por Sudáfrica, que acusó a Israel de tener una "intención genocida" en Gaza.
El fallo del CIJ pide al Estado hebreo que se asegure de que sus militares no infrinjan la Convención sobre el Genocidio en Gaza, con actos como matar a civiles palestinos o someterles "deliberadamente" a "condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial".
Además, la Corte Internacional también reclama a Tel Aviv que permita el acceso de la ayuda humanitaria a la Franja para garantizar la prestación de servicios básicos "que se necesitan con urgencia para abordar las condiciones de vida adversas que enfrentan los palestinos en la franja de Gaza".
En su reacción al fallo, el Gobierno de Bélgica, que es uno de los países de la Unión Europea (UE) que más ha abogado por un alto al fuego en Gaza, junto con España, reclamó el fin inmediato de las hostilidades en la Franja, el respeto al Derecho Internacional Humanitario y la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás en los ataques del 7 de octubre.
El Ejecutivo belga también llamó a todas las partes a "trabajar hacia una solución de dos Estados" que permita la coexistencia de Israel y Palestina en la región.
Bélgica ostenta, hasta el 30 de junio, la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, el órgano comunitario que representa a los Gobiernos de cada país miembro, aunque en materia de política exterior las reuniones de los Veintisiete las sigue presidiendo el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.