El viernes, Israel tendrá el turno de la palabra en este procedimiento, un caso que cuenta con numerosos apoyos, incluidos de Jordania, Turquía, Bolivia, o la Organización para la Cooperación Islámica, pero también el rechazo de otros, como el saliente Gobierno de Guatemala o de Estados Unidos.
Las audiencias de esta semana no entrarán aún en el fondo del caso, y solo se centrarán en la necesidad de las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica para “proteger los derechos del pueblo palestino contra daños mayores, graves e irreparables” durante la ofensiva en Gaza, y para “garantizar el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones bajo la Convención” contra el Genocidio, el tratado en disputa ante la CIJ, máximo tribunal de Naciones Unidas.
“Los actos y omisiones de Israel son de carácter genocida porque tienen como objetivo provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino: la parte del grupo palestino en la Franja de Gaza”, explicó Johannesburgo.
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Según la solicitud presentada por Sudáfrica, “la conducta de Israel, a través de sus órganos estatales, agentes estatales y otras personas y entidades que actúan bajo sus instrucciones (…) viola sus obligaciones” bajo la Convención.
Además, subrayó Sudáfrica, “todos estos actos son atribuibles a Israel, que no ha impedido el genocidio y lo está cometiendo en violación manifiesta” de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 1948 y con el Holocausto como telón de fondo, en una promesa de evitar una tragedia similar. El tratado está en vigor en 152 países.
“Israel ha participado, está participando y corre el riesgo de seguir participando en actos genocidas contra el pueblo palestino en Gaza”, advirtió Sudáfrica.
Israel se defenderá
El presidente israelí, Isaac Herzog, llamó “hipócrita” a Sudáfrica y consideró que “no hay nada más atroz y absurdo que la afirmación” de que Tel Aviv ha violado la Convención, una acusación de la que el gobierno de Benjamín Netanyahu ya prometió defenderse en La Haya.
"En realidad, nuestros enemigos, Hamás, en sus estatutos piden la destrucción y aniquilación del Estado de Israel, el único Estado nación del pueblo judío. La Convención contra el Genocidio fue promulgada por la comunidad internacional después de una de las peores atrocidades de la humanidad, el Holocausto, que estaba dirigido específicamente contra los judíos, para eliminar la raza judía, al pueblo judío", aseveró.
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Dados los periodos definidos por los estatutos, el caso ante la CIJ podría tardar años en alcanzar un veredicto que, a pesar de ser legalmente vinculante, el tribunal no tiene herramientas para hacerlo cumplir y depende de la voluntad de Israel de respetar el fallo.
Desde el ataque del grupo islamista Hamás a Israel el pasado 7 de octubre, que acabó con 1.200 muertos, el Ejército israelí lleva a cabo una fuerte ofensiva sobre Gaza que ha dejado devastado el enclave, con más de 23.000 palestinos muertos, unos 59.000 heridos, y 1,9 millones de desplazados en un territorio habitado por 2,3 millones de personas.
Además de la grave situación humanitaria dentro de la Franja, la violencia amenaza con extenderse a la región, especialmente con las tensiones con el grupo chií Hezbolá en el Líbano, y con los rebeldes hutíes, quienes han atacado barcos relacionados con Israel que navegan por el mar Rojo, frente a la costa del Yemen.
Hamás comenzó a gobernar de facto en Gaza en 2007 y, desde entonces, el territorio ha estado aislado y bloqueado por tierra, mar y aire por Egipto e Israel. Además, depende del Estado judío para abastecerse.
El Ejército israelí entró por la fuerza en la Franja de Gaza en 2009 y 2014, pero en ambos casos optó por no permanecer en ese territorio.
La semana pasada, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el titular de Finanzas, Bezalel Smotrich, pidieron desalojar a los palestinos de Gaza; recuperar Gaza y reasentar allí a los colonos israelíes evacuados de la Franja en 2005.
Estas declaraciones fueron repetidas por muchos simpatizantes de extrema derecha y colonos israelíes, pero criticadas por numerosos países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea.