El equipo de la fiscalía encargado del caso también habría interrogado a Tsuyoshi Takagi, el actual secretario general de una de las facciones (grupos políticos dentro del propio partido) del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), según filtraciones a la agencia japonesa Kyodo.
Los políticos llamados a declarar forman parte de una de las dos facciones contra las que se han abierto investigaciones formales, concretamente de la Seiwaken, la más influyente del PLD y que estuvo liderada en su momento por el fallecido ex primer ministro Shinzo Abe.
El escándalo, que le costó el puesto a cuatro ministros, entre ellos Matsuno, está vinculado a una serie de supuestos ingresos sin declarar procedentes de eventos de recaudación de fondos organizados por diversas facciones del PLD, parte de los cuales habrían sido repartidos entre decenas de sus miembros.
Esto supondría una violación de la ley nacional de control de fondos políticos.
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Además de la facción Seiwaken, la fiscalía está investigando a la facción Shisuikai, dirigida por Toshiro Nikai, secretario general del PLD hasta la llegada a la jefatura de Gobierno de Fumio Kishida, y según las informaciones publicadas por medios locales, otras tres facciones podrían haberse visto también involucradas.
Los cobros en negro, que habría tenido lugar al menos entre 2018 y 2022, ascenderían a unos 500 millones de yenes (unos 3,5 millones de dólares) en el caso de la facción Seiwaken y más de 100 millones de yenes (703.470 dólares) en la facción Shisuikai.