"El Gobierno debe asumir su responsabilidad de restablecer la autoridad del Estado en todo el territorio congoleño", dijo el presidente de los grupos de la sociedad civil de la provincia de Kivu del Norte, John Banyene, en declaraciones recogidas por los medios locales a última hora de este domingo.
"Es decir, el Gobierno congoleño debe hacer todo lo posible para expulsar a estos 'terroristas' (el M23) para que nuestros compatriotas que están en zonas bajo control del M23 reciban protección", añadió.
La sociedad civil emitió esta petición después de que el pasado octubre el Gobierno congoleño decidiese no renovar el mandado de la polémica fuerza regional desplegada por la Comunidad del Este de África (EAC) para combatir a los grupos armados que operan en el este de la RDC, después de acusarle de no haber "resuelto" los "problemas de seguridad".
Así, el pasado sábado abandonó el país un primer grupo de cien soldados kenianos de esa fuerza.
Si bien no se ha fijado ningún calendario para la retirada total del contingente militar, integrado por efectivos de Kenia, Burundi, Uganda y Sudán del Sur, su mandato caducará el próximo 8 de diciembre.
Este movimiento se ha producido, además, en medio de una nueva escalada de los combates del M23, que empezó el pasado 1 de octubre después de meses de calma relativa.
Más de 450.000 personas han tenido que abandonar sus casas desde entonces, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Además, el M23 ha conseguido avanzar hasta situarse a unos veinte kilómetros de la ciudad de Goma, una de las más pobladas del este de la RDC y capital de la provincia de Kivu del Norte, que los rebeldes lograron tomar durante dos semanas en noviembre de 2012.
Las ofensivas del M23 también han desencadenado una escalada de tensiones entre la RDC y Ruanda por la presunta colaboración de Kigali con el grupo rebelde, un extremo que las autoridades ruandesas siempre han negado, pese a que la ONU lo confirmó.
A su vez, Ruanda y el M23 acusan al Ejército congoleño de cooperar con las rebeldes Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), fundadas en 2000 por cabecillas del genocidio de 1994 y otros ruandeses exiliados en RDC para recuperar el poder político en su país de origen.
Esa colaboración también ha sido confirmada por la ONU.
Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU en el país (Monusco).