"Llamamos al primer ministro a que Zahid Amin, que fue detenido ilegalmente de su casa el 11 de julio de 2014, sea liberado inmediatamente", leía uno de los carteles esgrimido por tres mujeres cubiertas por velos durante la protesta frente al Parlamento paquistaní.
Los manifestantes instalaron tiendas de campaña en el famoso D Chowk de Islamabad, una céntrica plaza que ha sido escenario de grandes protestas en el pasado.
Muchos casos de desapariciones forzosas datan de hace años o incluso décadas, lamentó a EFE la conocida activista Amina Masood Janjua, presidenta del grupo Defensa de los Derechos Humanos de Pakistán (HDR) y cuyo marido permanece en paradero desconocido desde 2005.
Algunos de los manifestantes "han pasado largos años separados de sus familiares, y el tiempo de que el Estado los reúna ha llegado", dijo Janjua, desde la misma plaza en la que fue desalojada a fuerza de gases lacrimógenos y porrazos por las fuerzas de seguridad en 2014, durante una protesta similar.
"Al menos deberíamos saber si los desaparecidos están vivos o muertos", dijo.
El año pasado, el Tribunal Superior de Islamabad concluyó que el Gobierno paquistaní tiene la obligación de localizar a los ciudadanos en paradero desconocido cuando hay suficientes pruebas para concluir "a priori" que han sido víctimas de desapariciones forzosas.
El juez Athar Minallah concluyó además que una comisión gubernamental, presentada por el Gobierno en 2011 y que ha recibido casi 8.500 denuncias de desapariciones forzosas, ha fracasado a la hora de dar justicia a las víctimas.
Amnistía Internacional (AI) urgió el año pasado a las autoridades paquistaníes a poner fin a su "abominable" uso de las desapariciones forzosas, al denunciar que la práctica es llevada a cabo regularmente por las autoridades paquistaníes y los servicios de inteligencia.