A pesar de que todas las encuestas proyectan un cómodo triunfo de los opositores al nuevo texto, en las últimas semanas la brecha entre posiciones –”a favor” o “en contra”– se ha acortado y el interés en el grupo que duda de su voto ha aumentado.
Los defensores del texto argumentan que garantiza "libertad" y "seguridad" y da "certezas económicas y jurídicas" al país, mientras que sus críticos lo tachan de "partidista" y dicen que perpetúa el modelo neoliberal que instaló la Constitución actual, heredada de la dictadura (1973-1990) y reformada decenas de veces en democracia.
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En un kiosko en pleno centro de Santiago, Luis Rozo hace una semana que vende ejemplares de la propuesta de nueva Constitución, la segunda que se redacta en los tres años de proceso constituyente que ya acumula el país para intentar sustituir el texto vigente.
“Llega más gente que va por el rechazo que por aprobar, pero un 50% está indeciso”, dice a EFE sobre las posturas que le confiesan los clientes que compran el texto, elaborado por un Consejo Constitucional de mayoría conservadora.
“Perfil antipolítica y desconfiados”
Agustín, de 85 años, se acerca a comprar un ejemplar, pero encuentra caros los 5.000 pesos (5,6 dólares) que le piden a cambio. “Hay que votar, pero ante la duda anularé el voto”, admite a EFE.
“No espero nada de los políticos”, añade.
Para el director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, Rodrigo Espinoza, “los indecisos tienen un perfil antipolítica, es decir, no se ubican en los ejes tradicionales izquierda y derecha, no se sienten identificados con partidos políticos, ni con ninguna figura del establishment”, explica a EFE.
Hilda, pensionada, y Daniela, de 21 años, reconocen que desconocen el contenido de la propuesta y por eso no saben qué votar. La primera por desinterés, la segunda por “falta de tiempo”. Ambas admiten que tendrán que informarse porque el voto es obligatorio para los 15 millones de electores.
“No sirve de nada votar desinformados”, opina a EFE la joven. La mujer mayor tomará su decisión después de comprobar si la propuesta incluye “algún beneficio que le sirva”, admite a EFE, y votará sólo para evitar la multa de entre 30.000 a 180.000 pesos (37 a 222 dólares, aproximadamente).
“Los indecisos miran con distancia y desconfianza el proceso constituyente”, apunta Espinoza. Según él, “tienen suspicacias y sospechas de que los únicos beneficiados son los políticos” y no consideran que el cambio constitucional realmente impacte en sus vidas.
Franja electoral y redes sociales, claves
Los últimos comicios, en los que se eligieron los 50 consejeros que han escrito esta propuesta constitucional, el porcentaje de votos nulos y blancos alcanzó el 21,5 %, un récord en la historia reciente del país, solo comparable con la elección de diputados de 1997, cuando sumaron 17,5 %.
En cambio, en el proceso electoral inmediatamente anterior, el primer referéndum sobre el proyecto de carta fundamental, elaborado por una convención izquierdista y rechazado en septiembre de 2022, los nulos y blancos fueron solo el 2,1%.
“Los costos de información para los electores son diametralmente distintos en ambos procesos: un plebiscito tiene solo dos opciones, es más simple y digerible, mientras que elegir a consejeros implica mayor esfuerzo”, considera Espinoza.
Para que “el 15 o el 20% de indecisos que muestran los sondeos” tomen su decisión, según el académico, serán clave “la franja electoral que empieza hoy, el despliegue territorial y, sobre todo, el despliegue en redes”.
La politóloga de la Universidad de Chile Mireya Dávila considera que quienes dudan hoy “no necesariamente son los mismos que no votaron antes” y es cauta en sus proyecciones porque, dice a EFE, “falta aún saber si el número de indecisos se reduce a medida que se acerca la fecha de votación”.
Bloques divididos
Entre las fuerzas políticas la división es muy clara: la ultraderecha y la derecha tradicional votarán a favor, mientras que el oficialismo en bloque y la Democracia Cristiana (DC) votarán en contra. La excepción la marcan algunos diputados de derecha y ultraderecha que, desmarcándose de sus respectivos partidos, votarán en contra porque consideran que Chile podría convertirse en “un país socialista”.
Si la propuesta finalmente se rechaza el 17 de diciembre, seguirá vigente la actual Constitución, porque el Gobierno del presidente Gabriel Boric ya adelantó que no impulsará un tercer intento.