La alta comisionada adjunta de la ONU para los derechos humanos, Nada Al-Nashif, inició el debate recordando que 130 millones de adolescentes de entre 13 y 15 años, o uno de cada tres, sufren acoso escolar, un problema que se ve exacerbado por el uso de las nuevas tecnologías.
Este acoso, subrayó Al-Nashi, puede tener graves consecuencias educativas, físicas y mentales, ya que muchas de las víctimas dejan los estudios, sacan malas notas y sufren ansiedad, insomnio y dolores psicosomáticos, problemas que en los casos más extremos pueden llevar al suicidio.
"Los estudios muestran que los efectos se prolongan hasta la edad adulta, con mayor prevalencia de depresión y desempleo entre las víctimas", afirmó la alta comisionada adjunta ante delegados de países miembros de la ONU.
Santa Rose Mary, una adolescente ugandesa que participó en el debate a través de vídeomensaje, subrayó que cuando un joven sufre ciberacoso (por ejemplo, se filtran en la red sus datos privados o incluso fotografías con contenido inapropiado) "se siente como secuestrado".
"Ya no puedes ni siquiera enfrentar a tus padres o a la comunidad con la que vives, después de que la gente haya compartido fotos de ti desnudo, tu información personal se haya filtrado, o alguien haya revelado tu domicilio", afirmó.
Philip Jaffé, miembro del Comité de la ONU para los Derechos del Niño, agregó que las víctimas de estas prácticas son de forma desproporcionada niños y adolescentes discapacitados, niñas y otros grupos vulnerables.
"Se necesitan nuevas legislaciones que criminalicen ciertos comportamientos en la red", aseguró, para advertir que debe tomarse con mucha cautela el desarrollo de la inteligencia artificial, y también es preciso "invertir de forma masiva en prevención, especialmente en las escuelas".
El modelo finlandés
La alta comisionada adjunta Al Nashif puso como ejemplo de esta prevención el programa KiVa del Ministerio de Educación de Finlandia, que busca que los adolescentes empaticen con las víctimas de ciberacoso, desarrollar en ellos actitudes de rechazo a estos abusos, e incrementar su conocimiento sobre los riesgos de internet.
En todo caso, matizó Al Nashif, "los Estados deben garantizar que las medidas contra el ciberacoso no infringen el derecho de los niños a su privacidad y a la libertad de expresión", ya que, en su opinión, hay peligro de que un exceso de celo lleve a la censura.
La número dos de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también pidió a las compañías tecnológicas que desarrollen herramientas para que los niños gestionen su propia privacidad, así como medios para moderar el contenido en línea con los estándares de derechos humanos.
A este respecto, la directora de política de seguridad de Meta, Deepali Liberhan, intervino para subrayar que la multinacional dueña de Instagram y Facebook trabaja con cientos de expertos, incluidos psicólogos, para luchar contra el acoso y los abusos en la red.
"No consentimos en nuestra plataforma el acoso, pero tampoco otros abusos como los discursos de odio, los contenidos violentos, o cualquier tipo de explotación sexual", aseguró.
La compañía, recordó Liberhan, ha lanzado sistemas para reducir las notificaciones en sus populares redes sociales con el fin de bajar su impacto en usuarios más jóvenes, o incluso opciones para que éstos se "tomen un descanso" de las redes sociales si consideran que están gastando demasiado tiempo en ellas.
"Más importante aún, hemos lanzado herramientas de supervisión parental en Instagram y Facebook Messenger, ya que hemos oído el claro mensaje de que educadores y padres tienen que estar más involucrados en la experiencia online de los más jóvenes", señaló.
La joven Santa Rose Mary también se dirigió en este sentido a los padres en su vídeomensaje, sugiriendo que deben "enseñar a sus hijos los peligros del ciberacoso", algo que extendió también a las escuelas.
La alta comisionada adjunta Al Nashif advirtió por otro lado que los tribunales están obligados a afrontar este fenómeno, y lamentó que instancias regionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o su homólogo americano no hayan adoptado medidas específicas para evitar el ciberacoso, o no hayan prestado las diligencia debida a las investigaciones de estos delitos.