Según el periódico, la lista -que fija plazos de un mínimo de tres meses y de un máximo de un año y medio- fue enviada por el asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Pyle, al primer ministro y al presidente ucranianos y a la Plataforma para la Coordinación de Donantes, establecida por el G7 para armonizar su apoyo a Ucrania.
La embajada estadounidense en Ucrania ha confirmado el envío de esta misiva a la Plataforma.
La carta va encabezada por la fórmula “Reformas relacionadas con las condiciones sobre la asistencia de EEUU”. Según Ukrainska Pravda, “la lista de reformas” presentada “debe ser implementada” por Ucrania “para continuar recibiendo asistencia militar” de EEUU.
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Las reformas exigidas más urgentes, a ejecutar en un plazo máximo de tres meses, consisten, entre otras cosas, en clarificar las funciones y mejorar los criterios de selección de la Fiscalía anticorrupción en la línea de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en reforzar con más agentes la Oficina Nacional Anticorrupción.
Washington también pide a Ucrania que obligue a sus cargos públicos a revelar su patrimonio en menos de 90 días, el mismo plazo que da para que dé más peso a expertos independientes en la nominación de los jueces del Supremo de acuerdo con lo que le pide la Unión Europea.
Transparencia y control civil en defensa
Entre las prioridades delineadas para el próximo año destacan las que afectan al Ministerio de Defensa. Una de ellas pide a Kiev “rediseñar los procesos” de adquisición de armamento y de otros tipos de material “de manera que reflejen los estándares de la OTAN en transparencia”.
El anterior ministro de Defensa de Ucrania, Oleksí Réznikov, abandonó el cargo el pasado 5 de septiembre por orden del presidente Volodímir Zelenski después de que los medios revelaran durante su mandato varios casos de supuesta corrupción en la compra de material no militar para los soldados.
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Pese a que ni Réznikov ni su sucesor, Rustem Umérov, son militares, Washington ve prioritario que Ucrania “refuerce el control y la supervisión civil y democrática sobre el ejército”. La carta demanda además una “modernización del mando y de la arquitectura de control según los principios de la OTAN”.
Otra de las exigencias es que “invierta en iniciativas de Mujeres, Paz y Seguridad”, definidas por la ONU para “incrementar la participación” de las mujeres en misiones de pacificación.
Acotar las funciones del servicio secreto
En un plazo de un año y medio, dice la carta, Kiev debe asimismo acortar las funciones de su principal agencia de espionaje interior, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).
El SBU ha de "limitar” su labor a los asuntos que estén relacionados con “la contrainteligencia, el contraespionaje, la ciberseguridad y el contraterrorismo”.
Además, las autoridades civiles deben garantizar su control sobre esta estructura, que no debe ceder a otras instituciones prerrogativas sobre la intercepción de comunicaciones en investigaciones judiciales.
Un toque de atención a Kiev
La implicación del SBU en investigaciones judiciales de alto nivel ha sido motivo de crítica por parte de organizaciones cívicas ucranianas. El servicio secreto responde directamente a las órdenes del poder ejecutivo, lo que podría permitir a la presidencia dirigir estas investigaciones en su beneficio.
El presidente Zelenski propuso en agosto pasado declarar los delitos de corrupción durante la guerra como una forma de traición a la patria, lo que favorecería la implicación del SBU en este tipo de casos.
La Casa Blanca también exige reformas en el sector energético y en la dirección de las empresas públicas.
El envío de esta carta y su filtración a un medio ucraniano ha sido interpretado por algunos en Ucrania como un toque de atención a la administración del presidente Zelenski para que tome medidas concretas en favor del Estado de derecho.
Algunos líderes de opinión la relacionan también con las exigencias de más supervisión a la ayuda que se envía a Ucrania formuladas en círculos políticos estadounidenses, sobre todo del Partido Republicano, ante la perspectiva de las elecciones presidenciales que EEUU debe celebrar en noviembre del año que viene.