En medio del juicio político en su contra, el conservador Guillermo Lasso decidió este miércoles disolver la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y convocar elecciones generales anticipadas, en lo que se conoce coloquialmente como “muerte cruzada”, ya que marca el fin anticipado de la Presidencia pero al mismo tiempo da por concluida la legislatura vigente del Parlamento.
Con esta decisión, el único líder sudamericano que podrá desarrollar completamente el mandato constitucional de los tres que fueron elegidos hace dos años es el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien en los catorce meses que lleva en el Gobierno ha visto fracasar algunas de sus propuestas emblemáticas, como la refoma tributaria, que buscaba recaudar el 3,6 % del PIB (10.000 millones de dólares) pero no fue aprobada por la Cámara de Diputados, o el proyecto de nueva carta magna que elaboró la Convención Constituyente, que fue rechazado en referendum por una amplia mayoría en septiembre de 2022.
“Habrá que ver qué medidas adoptará la oposición dentro de la Asamblea Nacional, qué tanta gente logra la oposición sacar a la calle para presionar al Gobierno, y que posición adoptaran las Fuerzas Armadas y la Policía, que de momento siguen apoyando al Gobierno. Esta crisis política aún no está cerrada”, declaró a EFE acerca de lo sucedido en Quito el director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), Daniel Zovatto.
Pedro Castillo en Perú
La forma en que Lasso pondrá fin a su presidencia se diferencia de lo sucedido en Perú con Pedro Castillo, quien el 7 de diciembre de 2022, cuando llevaba año y medio en la Presidencia, intentó disolver el Congreso.
La medida fue considerada por la mayoría de los legisladores como "un golpe de Estado" y finalmente el gobernante fue destituido y detenido. Actualmente permanece en prisión preventiva en el penal de Barbadillo (Lima), a la espera de de que el proceso continúe o la justicia archive la causa en su contra por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración.
El cese de Pedro Castillo fue un capítulo más de la crisis institucional que ha llevado a Perú a tener seis presidentes en menos de cinco años, uno de ellos Martín Vizcarra, quien protagonizó un episodio que guarda cierta similitud con la situación que ahora enfrenta a Guillermo Lasso con la Asamblea Nacional de Ecuador.
En Perú, la Constitución establece que si el Poder Legislativo censura o niega la confianza a dos Consejos de Ministros, el presidente está facultado para disolver el Parlamento y convocar inmediatamente comicios generales para elegir un nuevo Congreso.
En 2019, el entonces presidente Martín Vizcarra anunció que su primer ministro, Salvador del Solar, iba a formular una cuestión de confianza vinculada a un proyecto de ley destinado a modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional. El 30 de septiembre, Del Solar se presentó en la sede del Congreso, pero no le fue permitido el ingreso por orden del presidente de la Cámara baja, Pedro Olaechea. Tras un forcejeo, el primer ministro consiguió entrar y presentar la moción.
Vizcarra, a quien el Parlamento ya había negado la confianza en una ocasión, consideró que se había producido una negación fáctica de la confianza, y cerró el Congreso.
A esa figura apelan ahora algunos defensores de Pedro Castillo, quien nunca recibió una sola negación de la confianza -fáctica o no-, para justificar su fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre, cuando anunció la disolución del Congreso -sin convocar de inmediato a elecciones legislativas, como dicta la ley-, la reordenación del sistema judicial y la conformación de un ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto.