Las voces que llamaban al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a detener la reforma judicial emprendida por su gobierno de extrema derecha aumentaban hoy, un día después de que cesara a su ministro de Defensa por romper filas sobre este divisivo proyecto.
El presidente israelí, Isaac Herzog, urgió a pausar de forma inmediata el paquete de reformas “en aras de la unidad del pueblo de Israel” , tras una serie de masivas protestas y una convocatoria de huelga general contra esta reforma.
Netanyahu y sus aliados ultraortodoxos y de extrema derecha defienden el paquete legislativo con el argumento de que debe reequilibrarse la correlación de fuerzas entre los cargos electos y la Corte Suprema, a la que consideran politizada.
Los intentos de abrir un diálogo entre la coalición gubernamental y la oposición han fracasado desde que el ministro de Justicia, Yariv Levin, anunció por primera vez el proyecto en enero.
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Cláusula de anulación
Los críticos de la mayor instancia judicial del país afirman que los jueces han excedido su autoridad al reclamar el derecho de derogar legislación.
El gobierno de Netanyahu quiere implementar una cláusula que permita al parlamento anular sentencias de la Corte Suprema.
Esta propuesta ha superado una primera votación en la Knéset, pero necesita otras dos lecturas en la para convertirse en ley.
Otras medidas propuestas impedirían que el tribunal tumbe enmiendas a las llamadas Leyes Básicas, la cuasi-constitución de Israel, y requerirían la decisión unánime de todos los jueces para invalidar otras leyes.
Quienes se oponen a este cambio objetan que esto supondrían dar al poder legislativo una autoridad casi ilimitada.
Nombramiento de jueces
La coalición gubernamental también quiere cambiar el sistema de nombramiento de los jueces, dando al ejecutivo una mayoría de facto en el proceso de nominación.
Actualmente, los magistrados son elegidos por un panel supervisado por el ministro de Justicia que incluye jueces, legisladores y letrados representando al Colegio de Abogados de Israel.
Con el plan del gobierno, los miembros del colegio de abogados serían retirados del proceso.
Una versión enmendada de la propuesta de Levin, apoyada a finales de marzo por el parlamento, incluiría a más diputados y miembros de la judicatura en el panel que el texto inicial.
Está previsto que la propuesta sea votada de manera definitiva por la cámara al completo esta semana, según Netanyahu.
Otra ley pretende cambiar el procedimiento para elegir al presidente de la Corte Suprema, dando más poder al gobierno.
El primer ministro, que está siendo juzgado actualmente por corrupción, ha sido acusado por oposición y manifestantes de usar las reformas para anular procesos judiciales en su contra.
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Consejeros legales
La propuesta del ministro de Justicia prevé asimismo frenar la autoridad de los asesores legales adscritos a los distintos ministerios.
En la actualidad, su opinión tiene fuerza casi legal, ya que es la Corte Suprema los cita cuando se pronuncia sobre la actuación del gobierno, pero la propuesta de Levin cambiaría esto y convertiría en su opinión en no vinculante.
Los legisladores aún tienen que aprobar esta ley, pero el jueves ya adoptaron medidas que los críticos consideran un nuevo movimiento para disminuir la autoridad de los funcionarios ministeriales.
El parlamento votó para limitar estrictamente los motivos que permitan declarar a un primer ministro no apto para el cargo, en lo que la oposición califica de “ley personal” para proteger a Netanyahu.
El fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, dijo el fin de semana que las acciones de Netanyahu podrían suponer un “conflicto de intereses” dado su enjuiciamiento actual.
‘Razonabilidad’
El plan de Levin también impedirá a los jueces usar la cláusula de “razonabilidad” para tumbar legislación, una de las prerrogativas más criticadas por los defensores de la reforma.
Como ejemplo reciente, la Corte Suprema no consideró “razonable” que Netanyahu diera un puesto a UN aliado, Aryeh Deri, debido a su condena por evasión de impuestos.
Netanyahu se vio obligado a despedirlo aunque ninguna ley impidiera su nombramiento.