En las nueve ciudades capitales de Bolivia se realizaron cabildos simultáneos a los que asistieron centenares de personas, plataformas ciudadanas y activistas ondeando la bandera tricolor boliviana y mostrando mensajes como "basta de persecución", "liberen a los presos políticos" o "Arce tirano".
LOS CABILDOS
El primero en comenzar fue en la altiplánica Potosí que exigió liberar a los presos políticos, realizar una reforma judicial, rechazar las próximas elecciones judiciales con un "padrón electoral viciado".
Además, se opusieron al "adoctrinamiento político" de los estudiantes con la nueva malla curricular y que se inicie procesos por "traición a la patria" al expresidente Evo Morales por la entrega de recursos naturales a "potencias extranjeras", entre otros.
De la misma forma en La Paz cientos de personas se congregaron en San Miguel, en la zona sur de la ciudad, donde varios dirigentes de sectores sociales pidieron también la reforma judicial, el respeto a la democracia y que se mejore el presupuesto a la salud y la tecnología en el país.
Luego de las determinaciones que fueron aprobadas al unísono, las personas realizaron una marcha por las calles exigiendo una justicia transparente y democracia en el país.
En la central Cochabamba las consultas aprobadas están enmarcadas en que se ratifique que en Bolivia hubo un "fraude electoral" en las elecciones fallidas de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, quien denunció ser víctima de un "golpe de Estado", y que se cierren los casos judiciales sobre esa denuncia.
También aprobaron exigir la realización de una auditoría del padrón electoral "a cargo de una entidad independiente internacional con observación ciudadana" antes de cualquier proceso electoral, al igual que se garantice la independencia en la selección de los magistrados en las próximas elecciones judiciales en el país con la participación de "una comisión independiente de poder político".
Asimismo exigieron amnistía para los presos políticos y un proceso revocatorio para el presidente Luis Arce y realizar una "marcha nacional" de todas las instituciones democráticas hacia La Paz y que se haga un "bloqueo económico" con el "abandono masivo" de la empresa de telecomunicaciones estatal, Entel.
En la oriental Santa Cruz, el cabildo fue masivo en el que definió realizar un proyecto de ley departamental para tener una guardia departamental, en vez del resguardo de la Policía que "reprime" a los ciudadanos, de acuerdo al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.
También exigieron la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, caso contrario pedirán el revocatorio de Arce, entre otros puntos.
El ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que el Gobierno boliviano "no decreta amnistías" para personas que han cometido "graves vulneraciones a los derechos humanos" y que el cabildo nacional no tiene validez legal porque no tiene autorización ni acompañamiento del Tribunal Supremo Electoral.
Los cabildos se realizaron con la finalidad de fijar medidas para exigir a Arce la "restauración del Estado de derecho", la democracia y la libertad de "presos políticos" como es considerada Áñez, quien está detenida desde 2021 y sentenciada a 10 años de prisión por un proceso conocido como "golpe de Estado I".
También está detenido preventivamente el gobernador Camacho en una cárcel en La Paz por la investigación de los supuestos delitos de terrorismo, cohecho activo y seducción de tropas, que es la usurpación ilegal del mandato militar, lo que derivó en protestas en esa región.