“Este es un anhelo de largo aliento de las organizaciones de sociedad civil y de organismos que promueven los derechos de la niñez. Cambia un paradigma que teníamos como país. Cambia también el marco regulatorio que nos va a permitir perseguir los delitos de explotación sexual comercial de niños y niñas”, afirmó Ríos.
Añadió que se quiere "enfatizar el cambio paradigmático de haber entendido que los niños y niñas podían estar involucrados en un delito de prostitución, como si fueran prestadores de servicios y que no se reconocía nuestro ordenamiento jurídico”.
Según cifras del Programa Mi Abogado entregadas por el Ejecutivo, "se ha podido darle defensa especializada a 231 NNA víctimas de la explotación sexual comercial".
Por su parte, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que "con esta tipificación más precisa", les "permitirá abordar este fenómeno delictual y social de forma integral. Ahora con esta nueva ley, pensamos que lo tenemos, y esa convicción por cierto nos pone muy contentos y en disposición de seguir trabajando en esta dirección”.
Esta ley se suma a otras iniciativas impulsadas desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como el fortalecimiento del programa Mi Abogado, la creación de la Línea de Representación Jurídica Especializada “La Niñez y la Adolescencia se defienden” y la creación del Nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil que pondrá fin al Servicio Nacional de Menores (Sename).