Así lo informó a EFE Angélica Cárcamo, presidenta de la APES, quien además señaló que "si bien es un número menor" a las de 2021, lo "grave" es que las afectaciones computadas en 2022 son "más agresivas".
Recordó que a comienzos del año en curso se registró la infección de los teléfonos inteligentes de más de 30 periodistas con el software de espionaje Pegasus.
Amnistía Internacional (AI) dio a conocer en enero que verificó una investigación de las organizaciones Access Now y Citizen Lab sobre el "uso del programa Pegasus para vigilancia de periodistas y activistas de derechos humanos" en El Salvador.
Carcamo indicó que la APES presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), pero "no creemos que vaya haber una investigación íntegra y pronta".
Agregó que 10 periodistas "se han visto obligados a salir del país" de manera preventiva y "la mayoría en el marco de un régimen de excepción y reformas al Código Penal (...), que castigan con cárcel de hasta 15 años a periodistas que publiquen información vinculada al tema de pandillas".
"Claramente demuestra el nivel de vulneración en la que nos encontramos como gremio periodístico, sin tomar en cuenta los casos de autocensura que se están dando en periodistas y medios de comunicación", acotó.
En el marco de un régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa a finales de marzo, tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas, este órgano de Estado reformó la legislación penal.
El paquete de enmiendas prohíbe a los medios de comunicación "la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población".
Con la iniciativa promovida por el presidente Nayib Bukele, que la comparó con la lucha alemana contra el nazismo, se declararon también ilegales los grafitis o "cualquier expresión visual" que "explícita o implícitamente transmitan mensajes" de las pandillas.
El gremio periodístico salvadoreño catalogó estas enmiendas como una "reforma mordaza" y, junto a la organización humanitaria Cristosal, pidió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que las declare inconstitucionales.