Según confirmaron a Efe fuentes jurídicas, la Cámara Federal de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, puso un plazo de 10 días al juez del caso para que se resuelva toda la causa sobre el avión iraní.
A principios de agosto pasado, Federico Villena, juez de primera instancia encargado del proceso, decidió levantar la prohibición de dejar el país y devolver los pasaportes a 12 de los 19 integrantes de la tripulación -5 iraníes y 14 venezolanos-, pero optó por retener a los otros 7.
Sin embargo, el fallo fue apelado por la fiscal del caso, Cecilia Incardona, y la decisión del juez quedó en suspenso hasta que este martes se expidió el tribunal de alzada.
En concreto, Villena había autorizado a dejar Argentina al iraní Mahdi Mouseli y los venezolanos Victoria Valdiviezo Marval, Cornelio Trujillo Candor, Vicente Raga Tenias, José Ramírez Martínez, Zeus Rojas Velásquez, Jesús Landaeta Oraa, Armando Marcano Estreso, Ricardo Rendon Oropeza, Albert Gines Pérez, Ángel Marín Ovalles y Nelson Coello, y dispuso devolverles sus documentos de viaje.
Asimismo, estableció que los tripulantes liberados deberán fijar un domicilio y presentarse una vez por mes, ya sea en forma presencial o por medio electrónico, ante las embajadas de Argentina en Irán y Venezuela.
En cambio, mantuvo la prohibición de salida del país de los iraníes Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vaki Zadeh y de los venezolanos Mario Arraga Urdaneta, Víctor Pérez Gómez y José García Contreras.
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Antecedentes del avión venezolano-iraní retenido en Argentina
El avión retenido en Argentina pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La aeronave ingresó en Argentina el 6 de junio procedente de México, con escala en Venezuela, y dos días después despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en Argentina porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.
Las petroleras argentinas no cargaron combustible al avión por temor a las sanciones de Estados Unidos y posteriormente, el 11 de junio, se difundió que el Gobierno argentino había ordenado la inmovilización del avión.
El caso generó una fuerte polémica en Argentina, país que sufrió dos atentados terroristas en la década de 1990 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina y contra la Embajada de Israel, por los que la Justicia local señala al grupo Hizbulá y a miembros del entonces Gobierno iraní.