Itaru Nakamura comunicó su decisión durante la rueda de prensa en la que se presentó el informe sobre la actuación policial durante el acto electoral en el que fue asesinado a disparos Abe en la calle.
El plan de seguridad tuvo "fallos evidentes", indica el informe, errores "graves" que derivaron en "un resultado fatal", dijo Nakamura, que considera que de ahora en adelante las autoridades deben "revisar los dispositivos de seguridad" y "empezar de cero".
RETAGUARDIA DESPROTEGIDA
Abe murió el pasado 8 de julio a los 67 años tras ser disparado por la espalda con un arma de fuego de fabricación casera mientras daba un discurso frente a una estación de tren en la ciudad de Nara.
El informe publicado por la Agencia Nacional de Policía japonesa señala que el número de agentes y su ubicación eran deficientes, lo que creó "un vacío en la protección de la parte de atrás".
En el momento del discurso de Abe, cuatro agentes de policía, entre ellos un miembro del contingente especial, custodiaban al ex primer ministro mientras otro vigilada la retaguardia de la isleta desde la que disertaba el político.
El tráfico no se había cortado ese día y el agente se distrajo con una bicicleta que pasaba por detrás. Sin ser visto, el autor confeso del magnicidio, un exmilitar de 41 años identificado como Tetsuya Yamagami, se acercó y erró un primer tiro.
"Ninguno de los guardaespaldas se dio cuenta del acercamiento del sospechoso y no reconocieron de inmediato que el sonido de los disparos fue causado por un arma de fuego", dice el texto.
Tras la primera detonación "no se tomó ninguna medida para sacar a Abe de peligro, como bajarlo del atril o tirarlo al suelo", como atestiguan las imágenes improvisadamente grabadas por los asistentes al discurso, y cuando los guardaespaldas vieron al tirador e intentaron bloquear el segundo disparo ya era tarde.
Abe murió por la pérdida de sangre tras recibir dos impactos de proyectiles, uno en el cuello y otro en el pecho.
FUNERAL ENVUELTO EN POLÉMICA
El exmandatario, el primer ministro de Japón más duradero de la historia hasta el momento, fue despedido a mediados de julio por su familia en un funeral privado que congregó a miles de personas en las cercanías del lugar, el templo budista Zojoji de Tokio.
El Gobierno se encuentra preparando un funeral de Estado previsto para el próximo 27 de septiembre que ha generado polémica por la cobertura de los gastos con fondos públicos y la polarización que causaba el influyente político dentro del país.
Hoy, cuando se cumplen 49 días de las exequias, fecha importante en el rito funerario budista, fuentes gubernamentales han filtrado que el coste del funeral oficial ascenderá al menos a 250 millones de yenes (unos 1,8 millones de euros), con la previsión de que acudan unos 6.400 asistentes.
El funeral ha sido criticado por la oposición y la opinión pública, que argumentan que no debería financiarse con dinero público y que el coste es muy superior al de otros funerales de exmandatarios que no han corrido a cargo del erario público.
Según varias encuestas publicadas desde el anuncio por los medios locales, en torno a la mitad de los japoneses se oponen al acto.
El de Abe será el segundo funeral de este tipo en el Japón de posguerra desde el dedicado en 1967 a Shigeru Yoshida, quien gobernó en una primera legislatura de un año (1946-1947) y posteriormente en un período relativamente estable de más de 6 años (1948-1954) en un país caracterizado por sus frecuentes cambios de Gobierno.