El expediente de apelación ingresó esta semana en el tribunal de alzada, por lo que se abre un compás de espera hasta que esta cámara judicial resuelva.
La Fiscalía argumentó que la decisión de liberar a parte de la tripulación fue “arbitraria, carece de fundamentación suficiente, es prematura y pone en riesgo el éxito de la investigación”.
El juez federal Federico Villena, de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, había dispuesto la semana pasada liberar a 12 de los 19 tripulantes de la aeronave, que está bajo investigación judicial por posibles vínculos con el terrorismo internacional.
Pero el fallo fue apelado por la fiscal del caso, Cecilia Incardona, por lo que la decisión del juez quedó en suspenso.
La defensa de los tripulantes que Villena resolvió no dejar en libertad también recurrió la medida judicial.
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En cambio, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el brazo político de la comunidad judía en Argentina y que es querellante en el caso, resolvió no apelar el fallo de Villena para evitar retrasos en la investigación.
"Cuando somos querellantes, lo que nos importa es la producción total de la prueba", dijo este lunes a Efe la abogada de la DAIA, Marta Nercellas.
Nercellas destacó que, de todos modos, la querella que representa logró que se decreten medidas de prueba adicionales antes de que el recurso de apelación ingresara en el tribunal de alzada y así evitar un retraso en la investigación.
Avión retenido
El avión retenido en Argentina desde principios de junio pasado es un Boeing 747 Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La aeronave ingresó en Argentina el pasado 6 de junio procedente de México, haciendo escala en Venezuela, presuntamente para trasladar cargamento a una empresa automotriz, y dos días después despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino de la localidad bonaerense de Ezeiza porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.
Las petroleras argentinas no cargaron combustible al avión por temor a las sanciones de Estados Unidos y posteriormente, el 11 de junio, se difundió que el Gobierno argentino había ordenado la inmovilización del avión.
Unos días después, un juez ordenó retener los pasaportes e impedir la salida del país de los miembros de la tripulación -5 iraníes y 14 venezolanos-, quienes, por lo demás, tienen plena libertad de movimientos, al tiempo que incautó el avión para obtener más datos sobre la nave y sobre qué hacían en Buenos Aires los integrantes del vuelo.
Uno de los pilotos, el iraní Gholamreza Gashemi, se llama igual que un miembro de las Fuerzas Quds -una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica-, definida por Estados Unidos como instructores de Hizbulá.
El caso generó un fuerte revuelo en Argentina, país que sufrió dos atentados terroristas en la década de 1990 -contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y contra la Embajada de Israel en Buenos Aires- por los que la Justicia local señala al grupo Hezbolá y a miembros del entonces Gobierno iraní.