La ANP rechazó "las acciones de personas que traducen el discurso de odio en violencia contra los periodistas que cubren conflictos" por las agresiones que recibieron los fotoperiodistas del diario El Deber, Jorge Ibañez y Juan Carlos Torrejón, durante la cobertura de la huelga en Santa Cruz en rechazo a la nueva fecha del censo de población y vivienda para 2024.
Torrejón, quien también colabora con Ee, contó que ambos fotoperiodistas estaban cubriendo la huelga el lunes desde la doble vía La Guardia en Santa Cruz donde Ibañez empezó a fotografiar la situación y el grupo que intentaba desbloquear lo cuestionó.
Luego el grupo que quería desbloquear las vías empujó a Ibáñez y le quitó el celular con el que estaba haciendo las fotografías. Torrejón, por su parte, fotografió la situación y fue a ayudar a su compañero y recibió "una patada por atrás".
"Los policías estaban allí y no han hecho nada", contó Torrejón a Efe.
Agregó que su material de trabajo se encuentra en buenas condiciones y que no le pasó nada, pero que se está haciendo "recurrente" las agresiones a la prensa mientras realiza su trabajo.
Torrejón pidió garantías para que la prensa pueda cubrir estos actos y que la Policía también pueda proteger a los periodistas mientras cubren el conflicto.
De acuerdo con la ANP, en el grupo de desbloqueo estaban militantes del gobernante MAS, según las declaraciones de Ibañez.
En tanto la ANP recordó la vigencia de la Constitución Política del Estado "que protege el trabajo informativo y garantiza las libertades de expresión, de prensa y de opinión".
Desde este lunes la región de Santa Cruz cumplió con una huelga de 48 horas en rechazo a la suspensión del censo para 2024, que inicialmente debía ser este año, y que piden que sea pospuesto para 2023.
En la primera jornada de huelga se reportaron peleas callejeras y acusaciones mutuas de violencia entre sectores oficialistas y los contrarios a Luis Arce.
El Gobierno minimizó esta medida de presión que continúa este martes, mientras que el Comité Cívico de Santa Cruz sostuvo que la huelga se está cumpliendo y que hay "gente pagada" que está utilizando bienes públicos para "atentar" contra el derecho a la protesta.
El Gobierno de Arce resolvió en julio aplazar para 2024 el censo de población y vivienda que debía efectuarse en noviembre, avalado por algunas regionales y municipales, con el argumento de que surgieron algunas dificultades a raíz de la pandemia en la socialización de la boleta censal y la elaboración de cartografías, entre otros.
La región de Santa Cruz ya realizó otras huelgas en rechazo a la nueva fecha del censo de población y vivienda.