Ante este fenómeno, que en 2020 se manifestó concretamente en el desplazamiento involuntario de diez millones de niños por motivos relacionados con el cambio climático, Unicef y otras organizaciones de la ONU, así como la Universidad de Georgetown, publicaron unos “principios rectores para los niños en tránsito” para ayudar a protegerlos y empoderarlos.
Los nueve principios rectores incluyen conceptos como el interés óptimo para el niño, el derecho a una nacionalidad, la no discriminación, la unidad familiar, la participación en la toma de decisiones y el acceso a servicios básicos (educativos, sanitarios y sociales), entre otros.
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Estos principios, en concordancia con la Convención para los Derechos del Niño, serán comunicados a los gobiernos locales y nacionales, al igual que ONG que trabajan con niños, con el fin de traducirlos a cuestiones operacionales y hacerlos así efectivos.
La iniciativa responde al hecho de que las políticas sobre la infancia en el ámbito migratorio no han tenido hasta ahora en cuenta las cuestiones climáticas, y viceversa: las directrices sobre el impacto climático no suelen tomar en cuenta específicamente a la población infantil.