“Es muy triste y frustrante para las víctimas, las familiares y para el país. Es una medida muy indignante y peligrosísima porque hay un retroceso en la línea argumental del tribunal”, declaró a Efe la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), Jannie Dador.
Dador agregó que este “atentado a la institucionalidad democrática” del Perú es “contrario a las propias normas internas y a los estándares de los derechos humanos” y aseguró que por eso se están levantando movilizaciones espontaneas en diferentes puntos del país, entre ellos Lima.
“Nuestras esperanzas están puestas en la Corte IDH”, explicó la secretaria de la Cnddhh, que junto con otras cinco organizaciones remitió la noche del lunes una serie de peticiones al órgano judicial autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el documento, al que ha tenido acceso Efe, las entidades exhortan a la corte a emitir una resolución que disponga la nulidad de la decisión del alto tribunal peruano de declarar fundado el recurso presentado contra la sentencia que anuló el indulto humanitario a Fujimori, quien a sus 83 años cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
“Esperamos que la corte nos conceda la audiencia que hemos solicitado para que el Estado peruano responda para esta última medida que atenta contra el derecho de las víctimas a la justicia”, coincidió en declaraciones a Efe la responsable legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano.
Cano criticó, además, que la decisión del TC se haya dado al margen de un debate público, tal y como se había solicitado, y que, por el contrario, se haya realizado "con estricto secreto", introduciendo además "nuevas circunstancias como son las actuales de salud de Alberto Fujimori".
Al respecto, Carlos Rivera, abogado de los deudos de los crímenes de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), por los que fue condenado el exmandatario, sostuvo a Efe que las circunstancias de Fujimori son “idénticas a las del año 2017 y 2018″, cuando el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski, le otorgó el indulto y luego el tribunal lo anuló por irregularidades.
“(Este) despropósito no tiene argumentos de carácter jurídico o constitucional o de derecho internacional”, añadió Rivera, quien mencionó también el “cambio sustancial” en la composición del TC, que en la actualidad cuenta con seis integrantes y no con los siete habituales desde setiembre del año pasado, tras la muerte del magistrado Carlos Ramos.
Más contundente aún fue la ex primera ministra Mirtha Vásquez, abogada y defensora de derechos humanos, quien aseguró que esta decisión del tribunal “atropella la memoria y el derecho a al justicia de las víctimas de la dictadura de los años 90″.
A través de su cuenta de Twitter, Vásquez hizo un llamado al Gobierno de Castillo, del que formó parte durante la gestión de su tercer gabinete ministerial, a "acudir de inmediato" a la CorteIDH y "garantizar que no haya impunidad".
En la misma línea se expresó en declaraciones a la emisora RPP la exministra de Cultura Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas de la matanza de La Cantuta, quien además cuestionó la falta de parcialidad del alto tribunal.