“La Federación rusa debe asegurarse de que cualquier unidad militar o grupo armado irregular que apoye (…) evite tomar pasos que fomenten las operaciones militares” en Ucrania, dijo la presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, en la lectura pública de la orden judicial.
Asimismo, los jueces decidieron de forma unánime hacer un llamamiento a Moscú y a Ucrania para que se “abstengan de cualquier acción que pueda agravar o extender la disputa ante la corte”.
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Para llevar el conflicto armado al alto tribunal de la ONU, Kiev argumentó que Rusia ha malinterpretado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado de 1948 firmado por ambos países, debido a que Moscú ha justificado la invasión a Ucrania en base a un presunto genocidio de la población rusoparlante en las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk.
El tribunal se alineó hoy con la hipótesis de Ucrania y dictaminó que “en principio” es competente para juzgar el caso, aunque Rusia tendrá más adelante el derecho de presentar una moción para disputar la jurisdicción de la corte.
Las órdenes dictadas hoy por los jueces son medidas cautelares que, en teoría, se deberían aplicar hasta que se juzgue el fondo del caso. Es decir, hasta que la CIJ analice si Moscú ha malinterpretado la convención contra el genocidio, un proceso judicial que llevaría años.
No obstante, está por ver si Rusia obedecerá la orden del tribunal, pues aunque sus decisiones son vinculantes, la CIJ no dispone de una fuerza policial que haga cumplir sus sentencias, sino que depende de la voluntad de los Estados implicados.
Cuando un país ignora las órdenes de la CIJ, el Estado afectado puede recurrir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para “hacer recomendaciones o decidir qué medidas deben adoptarse para dar efecto a la sentencia”, se dice en el artículo 94 de la carta de la ONU.
Sin embargo, Rusia podría usar su derecho a veto como miembro permanente y bloquear cualquier iniciativa que se presente en el Consejo de Seguridad de la ONU.