En esa acción, Lula había sido acusado de tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación ilícita, todo apoyado en su supuesta injerencia en una licitación de la Fuerza Aérea Brasileña para la compra de 36 cazabombarderos, que se decantó en favor de la empresa sueca Saab, con sus aviones Gripen.
El concurso para la compra de esos aviones comenzó durante el segundo mandato de Lula, quien gobernó entre 2003 y 2011, pero fue definido durante la gestión de su sucesora, Dilma Rousseff, en 2013, cuando se anunció la decisión de la propia Fuerza Aérea en favor de la empresa Saab.
Según Lewandowski, existen "graves vicios procesales que manchan las investigaciones" llevadas adelante por la Lava Jato, operación contra la corrupción que destapó numerosos escándalos en el Gobierno de Lula, muchos de los cuales ya han sido archivados por diferentes motivos.
El magistrado del Supremo sostuvo que esos "vicios procesales" en el caso de los aviones de combate permitieron producir "elementos supuestamente probatorios" utilizados de forma "tendenciosa" por los fiscales que promovieron la acusación.
En los últimos meses, han caído por tierra una decena de causas en las que Lula figuraba como acusado, incluidas las dos en las que había sido declarado culpable y condenado a prisión, en la que llegó a pasar 580 días.
Casi todos los procesos había sido dirigidos por el entonces juez Sergio Moro, pero fueron anulados por la Corte Suprema el 8 de marzo del año pasado, debido a que fueron identificados serios problemas de competencia de jurisdicción.
Esa decisión también le restituyó a Lula todos sus derechos políticos y le abrió la puerta a una candidatura presidencial, que de hecho el exmandatario está dispuesto a concretar de cara a las elecciones de octubre próximo.
Hasta ahora, todos los sondeos sitúan a Lula como el más claro favorito, con una intención de voto cercana al 45 %, frente al 30 % que se le adjudica al actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien aspirará a la reelección.
En tercer lugar, con cerca del 10 %, se ubica paradójicamente el exjuez Moro, quien en 2018 dejó la carrera judicial para asumir el Ministerio de Justicia en el Gobierno de Bolsonaro, con quien se enemistó dos años después para entrar de lleno a la política.