La Policía Federal de Brasil calcula que el total desviado por la corrupción de una de las mayores empresas de América Latina durante los casi 10 años de operación de la red delictiva asciende a cerca de 42.000 millones de reales (unos 7.446,8 millones de dólares).
Solo en 2021 el valor recuperado de lo que fue desviado suma 1.200 millones de reales (unos 212,8 millones de dólares), según un comunicado de la empresa.
"El total de los recursos devueltos a Petrobras llegó a cerca de 6.170 millones de reales gracias a acuerdos de colaboración, repatriaciones y renuncias", explicó la petrolera en referencia a los acuerdos firmados por las empresas corruptas para que la Fiscalía cierre investigaciones en su contra a cambio de la admisión de la culpabilidad y la devolución de lo desviado.
Según la empresa, controlada por el Estado pero con acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid, el último de estos acuerdos fue negociado entre el Ministerio Publico en Río de Janeiro y ejecutivos de la contratista Carioca Engenharia, y ya garantizó la devolución de los recursos que habían sido desviados mediante fraudes en licitaciones.
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La empresa agregó que se ha beneficiado de las devoluciones de recursos desviados gracias a su "condición de víctima" en los delitos investigados en el marco de la Lava Jato, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil.
"La compañía reafirma su compromiso de adoptar las medidas necesarias para buscar el adecuado resarcimiento de las pérdidas que le fueron provocadas", agrega el comunicado.
La petrolera añadió que es coautora del Ministerio Público Federal en 31 investigaciones por irregularidades administrativas en marcha, así como asistente de acusación en 85 procesos penales por actos ilícitos investigados por la Lava Jato.
Según la investigación iniciada hace más de siete años y que destapó el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil, un cartel integrado por importantes constructoras se repartió ilegalmente los contratos de la estatal durante más de una década.
Los contratistas se adjudicaban las licitaciones mediante el pago de millonarios sobornos distribuidos entre altos funcionarios de la estatal y políticos, de casi todos los partidos, que amparaban las corruptelas.
Como consecuencia de la investigación de estos desvíos fueron enviados a la cárcel los ejecutivos de varias de las mayores constructoras brasileñas, numerosos exdirigentes de la estatal y destacados políticos que se beneficiaban de las corruptelas, entre los cuales está el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, cuyas condenas fueron anuladas este año por un conflicto de competencias.