Así lo denunció el senador Iván Cepeda, que hace parte del partido izquierdista Polo Democrático Alternativo, que afirmó en una conferencia de prensa que su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) realizó una investigación sobre los menores muertos en campamentos bombardeados y que tiene como base los informes del estatal instituto de Medicina Legal (unidad forense).
"En derecho de petición enviado a Medicina Legal establecimos que de esos 21 bombardeos en siete, es decir, en una tercera parte, se presentaron muertes de niños, niñas y adolescentes. Por lo menos 22 menores de 18 años han muerto en estas operaciones que han practicado las Fuerzas Militares", expresó Cepeda.
Según detalló, de los 22 menores muertos, trece eran hombres, siete mujeres y hay dos cuyo sexo fue "imposible determinar" por Medicina Legal por el estado en que fueron encontrados los cuerpos.
La mayoría, añadió, tenía entre 15 y 17 años, aunque también había algunos entre 10 y 13 años.
"Para quienes pretenden justificar las muertes al decir que ya eran mayores de 15 años, nos permitimos recordar que el protocolo adicional a la Convención de los Derechos del Niño, relativo a la participación de personas menores de 18 años en los conflictos armados, fue aprobado por el Congreso (...) en 2003", añadió Cepeda.
Señaló además que esta investigación demuestra que "la práctica de realizar ataques aéreos contra lugares en los que se encuentran inermes niños, niñas y adolescentes, tiene un carácter consuetudinario, sistemático y generalizado".
LOS CASOS
Entre los casos mencionados hoy por Cepeda figura el de cuatro menores entre los ocho fallecidos en el bombardeo del Ejército al ELN el 16 de septiembre en el municipio de El Litoral de San Juan, en la selva del Chocó (oeste).
Igualmente este año también han muerto otros menores en bombardeos del Ejército contra las guerrillas, ya que un indígena de 17 años falleció el 5 de julio en un ataque contra un campamento de disidencias de las FARC en una zona rural de San Vicente del Caguán, en el sur del país.
También se denunció la muerte de varios niños y adolescentes el 2 de marzo en un ataque a las disidencias bajo el mando de Miguel Botache, alias "Gentil Duarte", en el municipio de Calamar, en el Guaviare (sur).
El ministro de Defensa, Diego Molano, justificó entonces el "uso legítimo de la fuerza" contra menores reclutados por grupos armados porque, según alegó, dejan de ser víctimas y se convierten en "máquinas de guerra que atentan contra la sociedad colombiana".
Un caso similar ocurrió el 29 de agosto de 2019, también en San Vicente del Caguán, cuando el Ejército bombardeó un campamento de disidencias de las FARC y más de dos meses después se reveló que entre las víctimas había ocho menores, lo que aceleró la dimisión del entonces ministro de Defensa Guillermo Botero.
Frente a todo esto, Cepeda anunció este martes que radicará una petición para realizar una nueva moción de censura contra el ministro Molano por su responsabilidad en estas operaciones militares.