Un portavoz del Ministerio de Exteriores anunció hoy, a través del diario local NU, que el Gobierno neerlandés dará un paso atrás y enviará una carta al Parlamento para informarle de que Países Bajos se unirá al grupo formado por una veintena de países e instituciones, como Estados Unidos, Costa Rica, Reino Unido, Portugal o el Banco Europeo de Inversiones.
El pasado miércoles, La Haya había dicho que no tenía intención de respaldar a este grupo que quiere dejar de invertir en carbón, petróleo y gas, y justificó la decisión en que el actual Ejecutivo gobierna en funciones y no puede comprometerse con esa decisión porque la consideró “controvertida”.
La negativa del actual gobierno de Mark Rutte generó fuertes críticas en el Parlamento neerlandés, a lo que también siguió una protesta multitudinaria el pasado sábado, en la que un récord de 40.000 personas exigió más acción climática y lamentó la decisión del Gobierno de no respaldar ese compromiso hecho en la COP26 que se celebra en Glasgow.
El objetivo es dejar de invertir fondos públicos en proyectos de energía fósil en el extranjero, como la búsqueda de nuevos campos de petróleo o la construcción de centrales eléctricas de gas, puesto que se consideran incompatibles con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados.
Países Bajos es un inversor relativamente importante en proyectos de energía fósil en el extranjero, especialmente a través de aseguradoras de crédito a la exportación, lo que garantiza aproximadamente 1.500 millones de euros a empresas activas en tareas como la extracción de petróleo y gas en alta mar en África.
No obstante, ese texto difundido en la COP26, que no es legalmente vinculante sino una declaración política, matiza que los firmantes pondrán "fin a más apoyo público directo para el sector internacional de energía de combustibles fósiles para finales de 2022, excepto en circunstancias limitadas y claramente definidas".
Esas "circunstancias", añaden, deberán ser en todo caso "consistentes" con el objetivo de limitar el alza de las temperaturas a final de siglo a 1,5 ºC respecto a los valores preindustriales.
En todo caso, este documento no cuenta con el apoyo de países como Japón, Rusia, Australia o Alemania.