Finma concluye tras meses de análisis del caso que el banco presentó importantes fallos de organización con sus actividades de supervisión al planear y ejecutar siete pesquisas entre 2016 y 2019, entre ellas dos realizadas a sus directivos en Suiza.
Debido a estas irregularidades la Finma ha amonestado por escrito a dos personas y abrió un proceso de ejecución contra otras tres”, aunque se abstuvo de dar los nombres de los afectados por las sanciones.
Al menos dos exmiembros de la junta directiva de Credit Suisse fueron espiados: el exdirector de recursos humanos Peter Goerke y el responsable de la gestión internacional de fortunas en la entidad, Iqbal Khan, al que se le realizó este tipo de seguimiento a raíz de que se conociera su marcha al banco rival UBS.
"El banco realizó actividades de seguimiento que entrañaban grandes riesgos para su reputación cuando estas actividades no aparecían en procesos de toma de decisiones formales y documentados, ni en un entorno de control adecuado", concluyó Finma a través de un comunicado.
Credit Suisse tomó medidas para hacer frente a este escándalo que según Finma fueron "adecuadas" para remediar buena parte de los problemas observados, aunque la autoridad ordenó medidas adicionales como la preparación de nuevos informes internos sobre estas actividades.
Añade que este tipo de actividades de seguimiento deben ser aprobadas al más alto nivel de dirección, incluidos el consejero delegado y el presidente del Consejo de Administración.
Cuando se conoció el espionaje a Khan y Goerke, Credit Suisse ordenó la salida de varios de sus altos ejecutivos, entre ellos el entonces director gerente Tidjane Thiam.
El dictamen de Finma se conoce un día después de que su homóloga estadounidense, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) informara de que Credit Suisse ha acordado pagar 475 millones de dólares a las autoridades de EEUU y Reino Unido por "engañar de forma fraudulenta a inversores".
La SEC considera que la entidad suiza violó la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Exterior al ayudar en la tramitación de unas ofertas de bonos y un préstamo sindicado para entidades estatales de Mozambique, entre 2013 y 2016.
Estas actividades, que en conjunto recaudaron más de mil millones de dólares, se utilizaron para pagar sobornos, aunque se presentaron a los inversores como una forma de financiar el desarrollo de la seguridad marítima y la pesca de atún en el país africano, detalló SEC en un comunicado.