La llamada “Alianza para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática” fue suscrita en Nueva York por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado; el del Panamá, Laurentino Cortizo; y el de República Dominicana, Luis Abinader, en la oficina de la Misión Permanente de República Dominicana en Naciones Unidas.
“Basados en nuestro compromiso mutuo con el Estado de derecho, la institucionalidad democrática y el respeto y protección de los derechos humanos, avanzamos en la formación de este espacio flexible e informal de diálogo con el objeto de fomentar iniciativas conjuntas que redunden en la prosperidad, el desarrollo sostenible y la reactivación de nuestras economías”, indica el documento con el se crea la alianza.
Según las partes, esta iniciativa pretende promover el crecimiento económico a través de un relanzamiento de vínculos comerciales, demográficos y culturales entre los países de la región, sobre la base de la defensa de sociedades abiertas, el derecho internacional y un paradigma de desarrollo verde, justo, sostenible e inclusivo.
En el marco de la alianza, los tres presidentes emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su profunda preocupación por “la crisis que atraviesa Haití y el creciente impacto que está generando sobre la región, en particular las graves consecuencias migratorias”.
En ese contexto, los presidentes instruyeron a sus cancilleres para que, en alianza con Naciones Unidas, Estados Unidos, la Unión Europea y países amigos, “estructuren de manera inmediata, soluciones concretas, integrales y sostenibles, en un marco de respeto a la dignidad y los derechos humanos, con el propósito de afrontar la alarmante situación de Haití”.
En los últimos años la región centroamericana, especialmente Costa Rica y Panamá, ha atendido oleadas de miles de migrantes, la mayoría haitianos, que buscan llegar hasta Estados Unidos.
En la actualidad, miles de haitianos se encuentran en las comunidades fronterizas de Colombia y Panamá, y otros miles ya cruzaron Centroamérica y se encuentran en la frontera entre México y Estados Unidos.
Durante su periplo, estas personas arriesgan su vida en zonas selváticas peligrosas como el Darién, por donde ingresan a Panamá, y están propensos a sufrir violencia, a robos y al pago de miles de dólares a traficantes de personas.
Esta semana las autoridades de Costa Rica y Panamá llevaron a cabo un operativo conjunto y detuvieron a 41 sospechosos de integrar una banda de crimen organizado que traficaba migrantes por estos países.