Áñez, de 54 años, se encuentra detenida preventivamente en una cárcel en La Paz en medio de pedidos de su familia para el cierre de dicho caso y exigiendo libertad para la exmandataria, quien el pasado mes sufrió varios problemas de salud por su hipertensión arterial y la depresión que presenta.
La exmandataria transitoria fue aprehendida en su natal Beni el pasado 13 de marzo y fue enviada de forma preventiva a una cárcel en La Paz inicialmente por cuatro meses, que más tarde se ampliaron a seis y es acusada de los presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración en la crisis política y social de 2019.
"Seis meses que Jeanine Áñez es presa política de sus verdugos. La Justicia la mantiene privada de libertad sin prueba alguna en un proceso absurdo, sin delitos, que debe cerrar", señala un mensaje en una de las redes sociales de la exmandataria que es manejada por sus allegados.
El mensaje finaliza indicando que la expresidenta "clama a jueces" de la CIDH "por su vida y libertad".
A juicio de Luis Guillén, uno de sus abogados, el Ministerio Público "no ha logrado establecer si ha existido un hecho delictivo" en estos seis meses y no hay una acusación formal, por lo que corresponde que "emita una resolución de rechazo".
"Estamos atentos y pensamos que mañana la autoridad judicial va a cumplir la obligación que tiene y va a levantar la detención preventiva", comentó el jurista.
Aun así, Áñez debe cumplir otra detención de seis meses que se dictó en agosto por otro proceso dentro del caso "golpe de Estado" en el que se le acusa por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley.
LA SALUD DE AÑEZ
La defensa de Áñez acudió a la CIDH para solicitar medidas cautelares para que pueda defenderse en libertad teniendo en cuenta su estado de salud.
"En todo caso el Gobierno no ha logrado en estos seis meses de detención preventiva restablecer a un punto ideal la salud de la exmandataria", comentó Guillén.
Es por ello que considera que la CIDH debe pronunciarse de manera "urgente" para resguardar la integridad de Áñez, ya que en ese tiempo por lo menos en seis ocasiones pidieron el cese de su detención preventiva.
La semana pasada, el Gobierno boliviano respondió una solicitud de la CIDH sobre la salud de la exmandataria y pidió que se declare "inadmisible" la petición de medidas cautelares ya que "no existen elementos" que fundamenten esa situación.
El pasado mes, Áñez fue trasladada a varios hospitales para hacerle distintas pruebas incluyendo psiquiátricas debido a su deteriorado estado de salud por la hipertensión arterial que presenta y la depresión, además que en una ocasión se autolesionó un brazo y manifestó que ya no quería vivir.
A pesar de esta situación el Gobierno boliviano y el Régimen Penitenciario reiteraron que la situación de Áñez es "estable" y que incluso goza de "privilegios" frente a las otras reclusas.
"Se están respetando los derechos de cada privado de libertad", comentó este lunes el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.
Guillén comentó que Áñez aún se encuentra "delicada" y que los médicos "le cambian de tratamiento una vez a la semana".
"No se puede experimentar a costa de su salud", indicó el abogado.
Por otro lado, Carolina Ribera, hija de Áñez, volvió este lunes de Estados Unidos, donde se reunió con organismos como la CIDH y Human Rights Watch y entregó una carta escrita por su madre al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en la que pide a la comunidad internacional venir a Bolivia y poner un alto a los "proxenetas del poder".
JUICIO DE RESPONSABILIDADES
Este lunes, la exdiputada oficialista Lidia Patty, quien presentó la denuncia en contra de Áñez en el caso denominado "golpe de Estado", señaló que "no corresponde un juicio de responsabilidades" y que es una equivocación del Gobierno boliviano.
A juicio de Patty, al hacerle a Áñez un juicio de responsabilidades se estaría avalando que su Presidencia fue "constitucional", mientras el oficialismo considera que fue producto de un "golpe de Estado".
Este mes, el Parlamento boliviano recibió de la Fiscalía la proposición acusatoria contra Áñez para el inicio del juicio de responsabilidades por la muerte de civiles en Sacaba y Senkata en 2019, tras los comicios fallidos que derivaron en una crisis política y social en la que Evo Morales renunció a la Presidencia denunciando un supuesto "golpe de Estado" en su contra.
En el Parlamento están otras proposiciones acusatorias por la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aval del Legislativo, la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión y la ampliación de la concesión del Servicio Público de Registro de Comercio.