Entre los vetos del Ejecutivo a la propuesta inicial están, entre otros, el descuento para adquisición del 1 % de las acciones de la empresa por parte de funcionarios dimitidos, la prohibición de extinguir algunas subsidiarias y la obligación del Gobierno para aprovechar durante un año a los servidores públicos despedidos.
En su sanción, Bolsonaro alegó que reservar el 1 % de acciones con descuento para exempleados "podría causar distorsión en el proceso de precios de nuevos papeles accionarios", mientras que a obligatoriedad de mantener filiales "limita la gestión de las subsidiarias por la nueva empresa y le retira su flexibilidad".
Sobre lo de aprovechar por un año a funcionarios dimitidos, como proponía el texto aprobado por el Congreso, el mandatario indicó que esa medida "viola el principio del concurso público -convocatoria abierta al que tienen derecho los ciudadanos para convertirse en servidores- y aumenta las despensas".
Eletrobras podrá invertir hasta 14.000 millones de reales (unos 2.800 millones de dólares) al año cuando sea privatizada, según dijo la semana pasada a periodistas extranjeros el ministro de Minas y Energía de Brasil, Bento Albuquerque.
La capitalización será posible gracias a que en junio pasado el Congreso aprobó el modelo de privatización de la estatal, que será la mayor en la historia del país por rendirle al Estado cerca de 100.000 millones de reales (unos 20.000 millones de dólares).
El modelo aprobado prevé una capitalización de la empresa sin la participación del Estado y la posterior venta de las acciones que queden en manos del sector público.
El Estado brasileño es actualmente el propietario del 60 % de las acciones de Eletrobras, la mayor generadora y transmisora eléctrica del país, porcentaje que se reducirá a cerca del 45 % tras la capitalización, por la que la empresa realizará una oferta pública de acciones en bolsa de la que se abstendrá de participar el Estado.
Pese a la venta del control, el proceso le garantiza al Estado brasileño una "acción dorada" de la empresa, que le daría poder de veto en decisiones estratégicas de la compañía.
Según las proyecciones del Gobierno, la primera etapa del proceso de privatización, es decir la capitalización de la empresa, puede estar concluido en febrero de 2022.